El gobierno emitió es martes una directriz para el sector público descentralizado tendiente a reducir los gatos superfluos , aumentar tarifas y a aplicar políticas de gestión financiera que atenúen las presiones hacia el incremento del déficit fiscal.

Las medidas fueron anunciadas por la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, en una conferencia de prensa.

El ministro explicó que se trata de dos directrices, una dirigida a las instituciones sujetas a la Autoridad Presupuestaria, que están obligadas a cumplir con las disposiciones, y otra para el resto de instituciones autónomas que tienen un régimen de independencia más amplio, como el ICE y la CCSS.

El ministro explicó que el gobierno ha hecho un importante esfuerzo en la elaboración del presupuesto del gobierno central por contener el gasto, de manera que el aumento para el 2012 es de sólo el 9%, inferior al crecimiento previsto del Producto Interno Bruto  (PIB).

Sin embargo, dijo, “el presupuesto del gobierno central representa apenas una tercera parte del gasto del sector público”, mientras que las instituciones descentralizada representan los otros dos tercios, por lo que es necesario regular el gasto en ese sector del Estado.

Medidas

Las directrices se dividen en cuatro tipo de medidas, explicó el ministro.

El primer grupo de medidas están dirigidas a que las instituciones que se financian con transferencias, que reciben recursos del presupuesto nacional y que tienen capacidad de financiarse, ajusten precios y tarifas de los servicios que prestan.

La idea, explicó Herrero, es que esas instituciones tiendan al autofinanciamiento y así disminuya la presión sobre el presupuesto nacional.

Esta disposición no incluye a las instituciones que están sometidas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por lo que no afectará tarifas de electricidad, agua o teléfono, sino más bien a entidades como el Registro Público o el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Otro tipo de directrices se refieren a la reducción de gastos suntuarios y a la minimización de los gastos operativos.

“Cosas como controlar más el transporte en el exterior, viáticos, equipo de transporte, servicios de apoyo, alimentos y bebidas, gastos de publicidad y propaganda, representación, obras de arte o consultorías”, requerirán de una justificación especial, porque es necesario eliminar todos los gastos que no sean esenciales, indicó Herrero.

El gobierno también instruyó a las instituciones descentralizadas que durante el próximo año no hagan compras de equipos de cómputo y vehículo, sino que  -en el caso de ser necesario- utilicen el sistema de “leasing” debido a que, “visto dentro del presupuesto del año” es más barato alquiar que comprar los activos.

Finalmente, las instituciones deberán minimizar el costo de la adquisición de bienes y servicio utilizando los “convenios marco”, haciendo licitaciones que abarquen a varias instituciones, con lo que se podrían obtener mejores precios. Además, dijo, es un mecanismo mucho más rápido.

Además, “se mantienen vigentes las directrices ya emitidas relativas a la prohibición de llenar vacantes y crear plazas nuevas, con excepción de casos especiales como los de los ministerios de Educación y Seguridad Pública.

 

Equilibrando la solución

Por su parte, la presidenta Laura Chinchilla dijo que “hoy estamos una vez más reafirmando la importancia de que el problema del déficit fiscal lo podamos enfrentar de manera balanceada, no solo mejorando la recaudación tributaria y promoviendo una reforma fiscal como la que hemos presentado a la Asamblea Legislativa, sino también haciendo un esfuerzo importante de racionalizar y contener el gasto público”.

La mandataria manifestó que la idea de emitir ambas directrices es adelantarse a la elaboración de presupuestos por parte de las instituciones descentralizadas, a efecto de que se incorporen a los planes de gasto para el año próximo.

“Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, el gobierno conteniendo gasto y los diputados discutiendo una reforma fiscal que el país necesita con urgencia”, concluyó Chinchilla.

 

Para unos es obligatorio para otros no

El ministro Herrero dijo que no existe una estimación del impacto que esta directriz podría tener sobre la reducción del déficit fiscal.

“De lo que se trata es de que las instituciones autónomas adopten un estilo mucho más austero de administración, lo que pretendemos es que incorporen estos criterios a la hora de elaborar el presupuesto, que se asegure que no hay desperdicio”, indicó.

Además, el ministro explicó que las directrices son obligatorias para unas instituciones, pero no lo son para otras a las que simplemente se les está haciendo una excitativa.

Las instituciones que etán sujetas a la Autoridad Presupuestaria están obligadas a cumplirlas, es una orden y las juntas directivas tienen la obligación de velar porque se cumplan.

En el caso de las autónomas excluidas de la Autoridad Presupuestaria, la situación es diferente porque gozan de una autonomía distinta. Se trata de instituciones como el ICE, la CCSS, la Contraloría, la Aresep, las universidades y los otros poderes públicos, como la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

A estas instituciones sólo se les pide que las acojan como un favor.

“Es este un campo delicado, el país tiene muchos problemas porque ha abierto muchos portillos que hacen difícil el control del gasto. El Poder Ejecutivo debería tener más competencias, pero no las tiene”, concluyó Herrero.