El diputado José María Villalta (Frente Amplio) afirmó este martes que el procedimiento llamado de “saneamiento de la propiedad” establecido en el artículo 85 del proyecto de ley de transformación del IDA en el INDER –expediente 17.218-, esconde una maniobra para legalizar situaciones irregulares con tierras de ese instituto que benefician a personas que no  tienen las condiciones para ser beneficiarias.

Durante la discusión los diputados rechazaron una moción de Villalta para que se modificara el artículo 85 para que, por el contrario, el IDA informe a la Asamblea Legislativa sobre la lista de personas y los bienes de su propiedad que se afectarían con el "saneamiento de la propiedad”, con lo cual se impidió, señaló Villalta, que exista transparencia en la afectación de los bienes de esa institución.

El proyecto fue enviado este martes nuevamente a la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, donde esperará un mes para que vuelva a ser considerado por el Plenario Legislativo.

Villalta agregó que este artículo entre otras cosas, establece que "se declaran legalmente cumplidos, válidos y eficaces en todas sus partes, etapas y requisitos, los trámites de adjudicación, titulación, segregación y traspaso de tierras, hechos ante el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o ante el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)" con anterioridad a la vigencia de esta reforma.

Con esta norma, aseguró el legislador, se pretendería legalizar una serie de casos en los que se adjudicaron tierras del IDA y que por muy diversas razones no pudieron ser asignadas o inscritas esas tierras a nombre del “beneficiario”.

“En el Frente Amplio estamos totalmente de acuerdo con que se ayude a familias campesinas que califican como beneficiarias para que puedan obtener un título de propiedad, pero nos preocupa seriamente que se esté abriendo un portillo legal para favorecer a quienes han cometido actos irregulares con las tierras del IDA o que se esté beneficiando a grandes empresas que no necesitan tierra, incrementando así la concentración de la riqueza y la desigualdad social”, añadió el diputado.

Villalta recordó que “la triste historia reciente con el manejo de las tierras del IDA” y enfatizó en que con este procedimiento se estarían afectando bienes públicos de los que no existe una lista detallada en la cual se especifique cuáles son las fincas del IDA que resultarían afectadas y quienes serían los beneficiarios, en todo el expediente que conoce el poder legislativo.

El Frente Amplio solicitó un informe con el propósito de evitar esta situación, “porque la Asamblea no puede seguir votando a ciegas, leyes en las que se reparten los bienes públicos sin al menos saber a quiénes se está beneficiando. Es lo mínimo que se puede hacer para garantizar transparencia con el uso de fondos públicos. Si no hay nada irregular, esta información más bien facilitaría el avance del proyecto de ley”, argumentó el diputado Villalta.

Sin embargo, la moción del Frente Amplio solo contó con el voto favorable de cinco diputados y diputadas, la mayoría votó en contra, a pesar de que ninguna fracción cuenta con una lista completa y detallada de las fincas afectadas y de las personas que se beneficiarán con el artículo 85. Ante lo cual Villalta reiteró que “se está legislando a ciegas con los bienes del pueblo”.