Las organizaciones comunales, ambientalistas y miembros del Concejo Municipal de Los Chiles, lamentaron “este fallo que sienta precedentes poco decorosos para la justicia ambiental y social de este país” y que haya prevalecido la libertad de empresa sobre los derechos a vivir en un ambiente sano (artículo 50 de la Constitución Política) y al ejercicio democrático en el municipio de Los Chiles.

Agregaron otra denuncia contra los Magistrados Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal y Nancy Hernández López, por crear un precedente negativo en cuanto al derecho de autodeterminación de las comunidades y gobiernos locales y permitir la consumación de un precedente poco decoroso para la justicia ambiental y social de este país.

La zona norte del país registra una serie de hechos que constatan severas afectaciones a la salud humana y animal, al ambiente y la contaminación de las fuentes de agua potable por el uso de agrotóxicos en las plantaciones de piña, el desastroso manejo de los desechos agrícolas (rastrojos) y la tala descontrolada de bosques.

Por lo que los representantes de las fuerzas vivas y de la Municipalidad de Los Chiles lamentan el fallo de la Sala Constitucional que anuló la moratoria de cinco años a la expansión piñera en ese cantón, decretada por acuerdo unánime del Concejo Municipal con fuerte respaldo comunal.

Frente a los Tribunales de Justica de San José, donde se ubica la Sala Constitucional, mostraron su inconformidad con lo que han calificado como un desacierto de los Magistrados al poner por encima del bienestar y la salud de las personas y el ambiente, la libertad de empresa y por limitar el ejercicio democrático de la Municipalidades de Los Chiles.

“El 12 de agosto, la Sala Constitucional falló en contra de la moratoria al monocultivo de la piña decretada por la Municipalidad de Los Chiles el 05 de julio pasado. El acuerdo fue planteado a petición de las comunidades afectadas por los graves impactos de esta agroindustria en la zona norte de Costa Rica” explica el comunicado de las organizaciones.

“Este fallo limita el ejercicio democrático de comunidades y gobiernos locales para a escoger un camino propicio para el bienestar y la salud de su propia comunidad. Por lo visto, los derechos de las comunidades tienen límites y uno de esos parece ser la libertad de empresa” señalan.

“Así lo ha decidido La Sala Constitucional en su sentencia 011545-16 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) en contra del Concejo de la Municipalidad de Los Chiles, a razón de que este declarara una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de proyectos piñeros en este cantón”.

“La moratoria está sustentada en la urgencia de precisar técnicamente los impactos negativos en la actividad piñera a la luz de estudios que han demostrado el impacto sobre la calidad del agua potable para uso/consumo humano y animal; los daños ocasionados a la ganadería debido al mal manejo a los rastrojos; la tala del bosque descontrolada; la explotación laboral y el surgimiento de afectaciones sobre la salud de trabajadoras y trabajadores y vecinas y vecinos, por los agrotóxicos”.

Tres municipalidades han intentado poner un freno a la irresponsabilidad de la industria piñera en nuestro país. En 2008, Guácimo hace efectivo el reclamo comunitario para impedir que esta agroindustria siga afectando sus comunidades e instala una moratoria.

Le siguió Pococí en 2012, con un acuerdo municipal igualmente acuerpado por organizaciones vecinales de la zona de Guápiles pero la Sala Constitucional anuló está moratoria a petición de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ese mismo año por la CANAPEP.

La misma suerte corrió este mes de agosto la declaratoria del Concejo Municipal del cantón de Los Chiles. 

(* Con información de Fabiola Pomareda)