Aunque el gobierno había anunciado que no estaba dispuesto a pagar el tiempo no trabajado luego de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, el compromiso del sindicato (Sintrajap) de regresar los muelles a la normalidad hizo posible el arreglo.

En la actitud del sindicato parece haber pesado también el hecho de que el partido Frente Amplio, que había sido el principal punto de apoyo político del movimiento, le pidiera a los dirigentes de Sintrajap que levantaran el movimiento mientras se negocia.

Así lo manifestó el miércoles el jefe de fracción del Frente Amplio, el diputado por la provincia de Limón Gerardo Vargas.

Las posibilidades de una solución definitiva al conflicto avanzaron luego de que la defensora Monserrat Solano realizara varias reuniones por separado tanto con la dirigencia sindical como con los jerarcas del gobierno.

Es posible que este jueves se logre sentar en la mesa a ambas partes, por primera vez desde que, a finales de la semana pasada, las bases de Sintrajap rechazaron un borrador de acuerdo que había sido negociado con la mediación de Vargas.

A la nueva negociación, el gobierno concurre con una posición firme de que no es negociable la pretensión de Sintrajap de que sea desconocida la cláusula 9.1 del contrato con la empresa APM Terminals para la construcción de una nueva terminal portuaria.

La administración del presidente Luis Guillermo Solís ha dicho enfáticamente que no puede anular unilateralmente dicha cláusula, que le da a APMT la exclusividad en el manejo de carga y descarga de mercadería en su puerto, en detrimento de los intereses de JAPDEVA, la institución estatal que ha mantenido el monopolio de esa actividad desde la década de 1960.

El principal argumento del gobierno es que la legalidad de dicha cláusula ya fue declarada en todas las instancias judiciales pertinentes y que el gobierno está obligado a respetar el principio de seguridad jurídica.

El contrato con APM Terminals fue negociado y firmado por la anterior administración, de la presidenta Laura Chinchilla.