También interpusieron una recusación contra la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) por supuestas irregularidades en el proceso, entre las que señalan el análisis de más de 25 mil folios “en el tiempo record de 14 días”, la emisión de un informe que “refuta, minimiza y rechaza los argumentos” de la Unidad Técnica, la aprobación de la viabilidad ambiental y la notificación inmediata a los interesados, el mismo 17 de diciembre de 2014.

el recurso de revocatoria a la viabilidad ambiental dada a la APM Terminals y la recusación de la Comisión Plena de la Setena, fueron presentadas este lunes por el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el presidente de la FECON, Mauricio Álvarez, en un extenso y duro documento en que analizan las supuestas irregularidades de la Comisión Plenaria por la manera en que otorgó la viabilidad ambiental, justo dos días antes del inicio del receso de fin de año.  

Sagot y Alvarez solicitaron que este recurso sea elevado directamente a la autoridad superior inmediata de la Comisión Plenaria de Setena y esta se abstenga de conocerlo “pues dicha Comisión optó por apartarse del criterio técnico emitido por la Unidad Técnica de Setena para poder dar la viabilidad ambiental a AMP Terminals (ver considerando 17 del permiso ambiental). Y es que si bien la Unidad Técnica (UT) emitió criterios negativos sobre proyecto, la Comisión Plenaria asumió una función que no le correspondía al desconocer la posición de la UT y proceder a convertirse sin nombramiento en una Unidad Técnica “ad hoc”, aprobando por sí mismos el permiso o licencia ambiental”.

Para Álvarez y Sagot, la Comisión Plenaria cometió una falta muy grave con esta maniobra, pudiéndose configurar en “abuso de poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad”. 

Ambos señalaron que “con este accionar la Secretaría parece haberse convertido en la defensora del desarrollador frente a su propio equipo técnico, utilizando además criterios superficiales con el fin de “forzar” la aprobación de la viabilidad ambiental para APM, a pesar de que lo que procedía era revocar el criterio de los técnicos o remitir nuevamente el expediente a dicha Unidad”.

Los ecologistas solicitaron que se abra un procedimiento administrativo que sancione a los miembros de la Plenaria, porque consideran que dicha Comisión “descalificó, minimizó y suplantó, el trabajo de análisis y evaluación de más de dos años de un grupo interdisciplinario especializado, asegurando que hizo una revisión completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente corto (entre el 03 y el 17 de diciembre, apenas 14 días),  centrándose en un aspecto de forma y no de fondo: si el desarrollador respondió o no lo solicitado por la Setena cuando solicitó el Anexo?.

Afirman que no profundiza en la correcta evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino que se concentra en buscar en qué parte del expediente se encuentran las respuestas o lo que la Comisión Plenaria califica como una respuesta satisfactoria para así poder señalar que “se da por solventado este punto”.

Sagot y Álvarez destacan que en ningún punto del informe técnico de la Comisión Plenaria se hace una discusión integral, sólida ni completa sobre los efectos ambientales principales del proyecto, si no que refuta, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos que detectó la Unidad Técnica como parte de la revisión del expediente. Los ambientalistas afirman que esto convierte una decisión técnica en una decisión de carácter político, además “inconsistente” y “parcializada” y consideran que así “la Secretaría Técnica pasa a funcionar como una Secretaría Política”.

Si bien la Comisión Plenaria reconoció que pese a su revisión, hay incumplimientos en el expediente que logró constatar, los minimizó al “forzar” el otorgamiento de la viabilidad ambiental así como haber hecho caso omiso del documento respaldado por más de 130 organizaciones sociales y presentado por ambientalistas en el que se hace una ?Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto TCM?  el cual no fue analizado, ni tomado en cuenta como parte del proceso de revisión.

Una vez más, los ecologistas ponen en evidencia las inconsistencias técnicas y jurídicas que derivan de un proyecto que, mucho antes de contar con el visto bueno de la Setena, ya contaba con la viabilidad política, y concluyen que se “expone groseramente la seguridad jurídica y ambiental de la población costarricense”.