Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial.

Entre otras razones, la decisión se fundamentó en el hecho de que los funcionarios de quienes emanó la orden no tienen potestad para anular un acuerdo adoptado por el pleno de los magistrados.

La resolución no proviene siquiera de la Contralora General de la República, Marta Acosta, sino de funcionarios del área de Fiscalización Operativa y Valuativa de la CGR, según manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.

El 20 de diciembre pasado, la CGR ordenó al Poder Judicial que se ajuste a las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de remuneraciones, una de las cuales establece que los llamados “pluses” de los funcionarios -como las anualidades- deben calcularse como un monto fijo y no como un porcentaje del salario base.

La “orden” contraviene una disposición adoptada previamente por la Corte Plena, en el sentido de que dicha norma solo es aplicable a los funcionarios que ingresen al servicio judicial en fecha posterior a la entrada en vigencia de la ley, no a los antiguos.

Aparte de lo referente a la competencia, los magistrados señalaron que el tema es materia de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el diputado Pedro Muño del PUSC, el cual está pendiente de resolución.

Según el director jurídico de la Corte Suprema, Rodrigo Campos, la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que no se puede emitir actos finales y firmes sobre temas sobre los cuales se halla un procedimiento constitucional en curso, como en este caso.

También alegan los magistrados la existencia de un vicio de legalidad, pues se le está planteando al presidente de la Corte que anule una decisión tomada por un órgano colegiado, como es la Corte Plena.