La defensa del juez Baltasar Garzón, acusado de desconocer la Amnistía de 1977 al decidir investigar los crímenes del franquismo, concluyó la presentación de pruebas testimoniales y entregó al tribunal decenas de sentencias emitidas en el mundo entero acerca de desapariciones forzadas, entre ellas en Chile y la Argentina.

El Tribunal Supremo español, escuchó, entre otros, el testimonio del hijo de un hombre asesinado en 1947 por su supuesta colaboración con la guerrilla antifranquista, conocida como los "Maquis". Se trata del primer relato de un asesinato cometido más de diez años después del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939) y en plena dictadura franquista.

Según detalló Antonio Solsona Nebot ante los siete jueces del tribunal, "el 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó en su casa el comandante de la Guardia Civil de la zona, quien se identificó como Maximino Lobo y se llevó a mi padre y a un vecino, Manolo. (...) Nunca nos dijeron porqué se lo llevaron desaparecido", agregó Solsona, miembro de la asociación de la recuperación de la Memoria Histórica de Castellón, quien añadió que su padre no tenía ninguna relación con los "Maquis", aunque explicó que la guerrilla antifascista que operaba en la región le pidió "3 ó 4 veces comida y poco o mucho se la tuvo que dar. Supongo que por eso se lo llevaron".

Solsona afirmó que sabe que su padre está muerto pero "nunca hemos recuperado el cadáver", y que cuando denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Castellón, la justicia dijo que "habían prescripto". El testigo contó que en 1973 tuvo constancia de su muerte por un sumario de la Guardia Civil en el que decía que tuvieron que aplicarle la denominada "ley de fugas" por intentar escaparse camino al cuartel, pero "los testigos dicen otra cosa".

Antonio Ontañón, por su parte, autor del libro "Queridos padres, una vez en capilla para ser ejecutado", fruto de 30 años e investigación, sostuvo que "había una consigna: que de los rojos no quedara ni rastro", y agregó que "en aplicación de esta consigna, los que eran ejecutados a continuación eran desaparecidos. Se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica", aseguró el testigo. "Las ejecuciones eran a las 7 de la mañana. El capellán del cementerio de Ciriego hacía desaparecer a los ejecutados", denunció. "Después los echaban a las fosas. Se cavaban zanjas para cada 100 ejecutados. Encima echaban cal viva y luego más cuerpos", relató. "Tenemos un compromiso moral con los desaparecidos", subrayó el último testigo de este histórico juicio.

En la sexta jornada del juicio el abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, incorporó en la prueba documental de la causa jurisprudencia de otros jueces que abrieron o apoyaron causas similares.

Entre los 60 documentos se encuentra jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional (CPI), de tribunales nacionales que han resuelto casos sobre Yugoslavia, Líbano, la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres por orden de Garzón en 1998, y sentencias dictadas en Chile, Argentina, Perú y Venezuela.