El anuncio oficial se conoció a través de la publicación en el Diario La Gaceta (28-01-13) que consigna que las expropiaciones fueron declaradas por el gobierno “de interés público” y que se han destinado mil 200 millones de colones para la compra de terrenos en Moín para la construcción del acceso de la Ruta 32 y los patios para contenedores.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajab), Ronaldo Blear, alertó sobre la situación y recordó que existen denuncias contra la ilegalidad de la concesión y por adiciones al contrato firmado entre el gobierno y la empresa EPM Terminals que están a la espera de juicios que aun no han sido resueltos por la justicia.

Nuevamente el gobierno violenta la ley en su intento de entregarle el negocio portuario a la transnacional APM Terminals, señaló Blaer, y agregó que preparan nuevas demandas y acciones legales para evitar que la entrega a una empresa extranjera de parte del patrimonio de todos los costarricenses.

 “Nos queda claro que el gobierno para la entrega del patrimonio de todos los costarricenses a intereses foráneos está corriendo, mientras que para la modernización de los puertos actuales en manos de JAPDEVA van a paso de tortuga y usando todo tipo de artimañas para que nuestra Institución no esté en capacidad de competir. Esto no lo vamos a permitir y por eso le pedimos a nuestra gente se prepare para la lucha.”

SINTRAJAP hizo un llamado a sus afiliados y pueblo limonense para que estén alertas y se preparen para la lucha “en caso de que por la vía formal las autoridades políticas y judiciales no detengan este nuevo atropello a los derechos de los ciudadanos, el medio ambiente, las instituciones y las leyes del país”.