Así lo afirmó la ministra de Ciencia y Tecnología, Gisella Kooper, luego de que se revelara un borrador elaborado por una comisión de su cartera, en el cual se establecen sanciones que van de multas a cancelación de concesiones por la publicación de ciertos contenidos: lenguaje vulgar, injurias personales, transmisión o circulacion de noticias falsas o llamadas de alarma sin fundamento.

En conferencia de prensa, la ministra Kooper aseguró que el documento era un borrador que se puso a discusión pública, pero que la posición del gobierno “ha sido y seguirá siendo” la de total apoyo a la libertad de expresión y de apertura de la información oficial a los medios de comunicación.

Anunció además que, desde el 27 de marzo pasado, el presidente Luis Guillermo Solís solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asesoría de un relator en materia de libertad de expresión para que acompañe el proceso de elaboración del proyecto de ley.

Las redes sociales se llenaron este lunes de ataques al gobierno por este proyecto, mientras las autoridades trataban de tranquilizar a la opinión pública, dando garantías de que no existe ninguna intención de poner una mordaza a la prensa.

Algunos medios insistieron en demandar que se diera a conocer el nombre de los funcionarios que habían elaborado la propuesta, pero Kooper manifestó que no podía dar a conocer esa información porque el producto era resultado del trabajo en equipo de varias personas.