El canciller costarricense, Manuel González, dijo que un estudio minucioso efectuado por la Fundación Neotrópica permitió establecer el monto de los daños, que únicamente cubren la parte ambiental, no así las costas del juicio internacional.

El monto total supera los seis millones de dólares, si se contempla la valoración monetaria del daño ambiental más una serie de gastos adicionales en los que el Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, según un comunicado oficial.

La CIJ determinó en diciembre pasado que Costa Rica tiene soberanía sobre Isla Portillo, que Nicaragua ocupó en 2010 e insistió en reclamar como suyo.

La sentencia estableció además que Nicaragua es responsable de los daños ambientales en isla Portillo, donde hay un humedal de interés internacional y protegido por la Convención Ramsar.

"Expreso mi deseo de que Nicaragua responda positivamente al trabajo serio y fundamentado hecho por Costa Rica, para que en forma definitiva se pueda cerrar este capítulo y ambos países puedan, eventualmente, retomar la senda de buena vecindad y hermandad", declaró González.

Sin embargo, dijo que de no ser posible un acuerdo directo entre los dos gobiernos, Costa Rica volvería a acudir a la CIJ para que sea ésta la que fije el monto de la indemnización, como lo prevé la sentencia de ese tribunal internacional.