El presidente de EEUU, Donald Trump

Tras el acuerdo, México se compromete "a registrar y controlar las entradas en la frontera" así como "a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la frontera sur", según apuntó el canciller mexicano en rueda de prensa. Con el endurecimiento de la política migratoria y la militarización de la frontera, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desactiva la bomba arancelaria. A la vez,  pese a la ausencia de cifras concretas en el pacto, concede una victoria política para Trump.

"Me alegra informar de que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados a partir del lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente. México, a cambio, ha asumido adoptar fuertes medidas para contener la migración", ha escrito el republicano. El pasado jueves, la secretaria de Gobernación [ministra de Interior], Olga Sánchez Cordero, ya anunció que el país vecino reforzaría la frontera con Guatemala, con el envío de hasta 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo militar creado por el nuevo gobierno mexicano. Pero ese compromiso no bastaba para la Casa Blanca, que hasta este viernes había mantenido la amenaza arancelaria.

El comunicado conjunto habla de medidas "sin precedentes" por parte de México, aunque no detalla ninguna cifra. Tampoco Ebrard especificó si aumentará el despliegue militar, pero enfatizó en su declaración que elevará la dureza para contener la crecida de los flujos migratorios, que según sus cifras alcanzaron las 140.000 personas en mayo, máximo en casi 20 años. El texto señala que los solicitantes de asilo que crucen la frontera estadounidense serán devueltos "rápidamente" al otro lado, donde podrán aguardar mientras llega la respuesta sobre su futuro.

En la práctica, esta medida ya estaba en marcha tras ser acordada en la última visita de Ebrard a Washington en noviembre, con motivo de la crisis por las caravanas migrantes. El pacto de este viernes formaliza este nuevo papel de México y ensancha sus obligaciones de acogida al garantizar que "autorizará a la entrada de todos" los solicitantes de asilo en EE UU.

Este pulso comenzó el pasado 30 de mayo, cuando Trump anunció que gravaría con una tasa del 5% todos los productos importados de México a partir del 10 de junio si el Gobierno no frenaba la entrada de inmigrantes indocumentados que atraviesan su territorio para llegar a la frontera estadounidense. El gravamen, además, iría escalando cada mes hasta llegar al 25% en octubre si Washington no percibía una mejora sustantiva, que nunca concretó. Estados Unidos estaba usando de forma explícita una guerra comercial como mecanismo de presión sobre un problema migratorio.

México no será "tercer país seguro"

Pese al endurecimiento y la militarización de los controles en la frontera, México ha salvado al menos la bala del "tercer país seguro", lo que hubiese supuesto que todos los migrantes que cruzaran río Bravo para llegar a EE UU solicitando asilo, pudieran ser automáticamente derivados a México para que comenzaran el proceso de asilo en este país. Esta nueva coyuntura hubiera provocado graves problemas a la Administración mexicana, sumida en una etapa de duros recortes presupuestarios y ya de por sí colapsada por el número de solicitudes de asilo en su territorio: han crecido casi un 200% en estos cuatro primeros meses, según ACNUR.

México y Estados Unidos reciben desde hace meses una oleada de migrantes procedentes de Centroamérica que huyen de la miseria y la violencia. Según los datos hechos públicos por la policía fronteriza el pasado miércoles, solo en mayo los agentes estadounidenses detuvieron a más 144.00 migrantes irregulares, lo que supone un incremento del 32% respecto al mes anterior y es la cifra mensual máxima en 13 años. Antes del estallido de Trump y su amenaza arancelaria, México ya había comenzado a responder con mano dura a la crecida, dejando a un lado gestos como la concesión de 10.000 permisos de trabajo y residencia renovables año a año a los emigrantes de las caravanas. El Gobierno de López Obrador triplicó el número de deportaciones durante los tres primeros meses del año.

El pacto de este viernes también menciona el plan impulsado por México, El Salvador, Guatemala y Honduras, con apoyo de la CEPAL, para fomentar el desarrollo y la inversión en el sur de México y Centroamérica. Este nuevo esquema, que contempla también la participación de EE UU con una inversión de 4.800 millones, es el arco de bóveda sobre el que López Obrador pretende sostener su relación bilateral con EE UU en materia migratoria, marcada desde el Gobierno de Felipe Calderón por un sesgo más policial que enfilado al desarrollo. De momento, los resultados del acuerdo de este viernes parecen seguir más encaminados al control militar.

La economía mexicana respira en todo caso aliviada después de este pacto. En los últimos meses había comenzado a dar síntomas de agotamiento, y el posible golpe de su mayor socio comercial -más de las 70% de las exportaciones tienen como destino al vecino de norte- habría provocado graves consecuencias, como ya empezaban a adelantar los mercados de divisas y las rebajas de las calificadoras.

Para la economía estadounidense también es una buena noticia. La primera potencia mundial recibió de su vecino del sur el año pasado productos importados por valor de 346.500 millones de dólares y vendió al otro lado del río Bravo mercancías por un montante de 265.000 millones. Y el Gobierno de López Obrador no iba a quedarse brazos cruzados, sino que iba a responder a los aranceles de EE UU con su propia ronda de tasas a productos estadounidenses, como la carne de cerdo, que iban a dañar a los territorios eminentemente votantes de Trump.

Además, muchas empresas estadounidenses, por ejemplo la automovilística, fabrican en México aprovechando sus bajos costes. Una tasa del 5% hubiese tenido un efecto muy limitado, pero una escalada hasta 10%, 15% o 25% hubiese resultado corrosiva a ambos lados de la frontera.