Todos están de acuerdo: el Poder Ejecutivo, los diputados, los partidos políticos, los candidatos presidenciales, en que no es posible que el Estado desembolse el 0,19% del PIB, unos 43.000 millones de colones, para financiar la campaña de los partidos en las elecciones presidenciales que se avecinan.

La presidenta Laura Chinchilla afirmó que es “insostenible” una erogación de esa magnitud ante los serios problemas de déficit fiscal que afronta el país y urgió a los diputados a tomar decisiones urgentes.

El candidato presidencial oficialista, Johnny Araya, afirmó este miércoles que siempre ha estado de acuerdo con rebajar el monto del gasto electoral y dijo que si los diputados no modifican la ley, él se compromete a no gastar más allá de lo que corresponda al PLN, con base en un cálculo de deuda política no superior al 0,11% del PIB, porcentaje que representa unos 22.000 millones de colones.

En el mismo sentido se han manifestado los candidatos de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Socialcristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML) y Frente Amplio, entre otros.

Sin embargo,  cuando a finales de julio el PAC presentó una moción para pasar la reforma legal correspondiente al primer lugar de la agenda, los legisladores del PUSC, el PLN y el ML la rechazaron. Sólo 13 legisladores la votaron favorablemente, entre ellos los del PAC y el Frente Amplio.

En esa ocasión, el jefe de fracción del PLN, Fabio Molina, explicó que su partido condicionaba la aprobación de la reforma a una “despenalización” del Código Electoral, es decir, que a las conductas que actualmente se definen como delitos electorales se les elimine dicho carácter.

Jeannete Ruiz, diputada del PAC, afirmó que los diputados del PLN, el PUSC y ML, lo mismo que el gobierno, manejan un “doble discurso” porque apoyan una reducción del gasto de la boca hacia afuera, pero en el fondo quieren mantener la situación actual.