En una votación 4 a 3, la Sala IV resolvió que la anulación del veto no está respaldada en normas constitucionales, por lo cual la decisión es inválida.

Paralelamente, la instancia judicial dejó sin efecto el levantamiento al veto de la ley que permitió el uso de la Calle 13 –adyacente al Museo Nacional- por parte de un grupo de artesanos costarricenses.

La reforma, considerada por los sindicatos y algunos sectores políticos como el cambio más importante en materia laboral de las últimas seis décadas, fue aprobada por el Congreso en 2013, pero vetada semanas después por la expresidenta Laura Chinchilla.

Siete meses después de asumir el cargo, el presidente Solís levantó el veto sorteando los ataques de las cámaras empresariales y de los partidos opositores de derecha, que se opusieron a la reforma.

Algunos de los artículos de la legislación anulada protegía a los trabajadores contra despidos abusivos, descongestionaba los estrados judiciales laborales y garantizaba el funcionamiento de servicios esenciales en caso de huelga.

Además, garantizaba asistencia legal gratuita a los asalariados de menos ingresos, así como a los trabajadores menores de edad.

Para la dirigencia sindical, la reforma al código procesal laboral representaba el avance más importante en lo relativo a los derechos de los trabajadores desde la promulgación del Código de Trabajo, en la década de 1940.

Sin embargo, los opositores a la iniciativa argumentaron que la legislación entregaba un "cheque en blanco" a los sindicatos para que utilizaran indiscriminadamente la huelga en servicios públicos esenciales.

El gobierno anunció que daría a conocer una posición la tarde de este viernes, en una conferencia de prensa del ministro de Trabajo, Víctor Morales.