Al 31 de diciembre de 2010, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tenía cuentas pendientes de cobro por 707.512,2 millones de colones, informó la Contraloría General de la República, que señaló un verdadero desorden en la contabilidad de esa institución, envuelta en una severa crisis financiera.
" Al 31 de diciembre de 2010, la suma de las cuentas por cobrar contenidas en los estados financieros de la CCSS alcanza la suma de ¢707.512,2 millones", de los cuales ¢569.588,6 millones corresponden al régimen de Enfermedad y Maternidad, y 137.923 millones al de Invalidez, Vejez y Muerte (pensiones), señala el informe oficial.
Otros datos relevantes del estudio, que abarca todo el año 2010 (de enero a diciembre), son los siguientes:

-La deuda por cobrar de corto plazo es de 411.926,7 millones de colones y la de largo plazo es de 295.585,5 millones, que corresponde únicamente a los adeudos del Estado.

- El monto de las cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales es de ¢203.749,7 millones. De acuerdo con información a diciembre de 2010, el monto de la morosidad era de ¢105.707,0 millones.

- En cuanto a la gestión de cobro administrativo y control de la morosidad, se determinó que en el 2009 la CCSS logró recuperar el 90,6% dentro de los 30 días posteriores a la facturación, el 8,5% en el resto del año y el 0,9% sin recuperar; mientras esos mismos datos para el 2010 fueron 89,2%, 9,5% y 1,3% respectivamente. Es decir, que el año pasado empeoró la gestión de cobro.

- Durante el 2010, quedó pendiente de recuperar el 1,33% de las planillas facturadas, o sea ¢21.231,0 millones, con lo cual no se cumplió la meta del 1% propuesta en el Plan Estratégico Institucional para ese año. La desviación en el cumplimiento de esa meta representa un 33%, que en términos absolutos  asciende a ¢5.259,0 millones.

Debilidades y deficiencias

" En los estados financieros de la CCSS se observan deficiencias en el registro y presentación de las cuentas por cobrar: no se presenta una adecuada separación de las cuentas por cobrar de los patronos del sector público y del sector privado, ni de las cuentas de corto y largo plazo", indica el informe de la Contraloría.
No existen, asegura el órgano, una metodología para el cálcula de las estimaciones por incobrables ni un registro de intereses por cobrar, como tampoco hay registro auxiliares de las cuentas que permitan establecer la veracidad de los montos.
La investigacion reveló "pProblemas de diseño, documentación y operación del SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación)" con el cual se determinan las cuentas por cobrar.
"Pruebas realizadas  revelaron campos sin datos, datos duplicados y registros que no coinciden con la definición de la estructura de datos", acota el informe.
Aunque existe un Programa Estratégico de Gestión Cobratoria que inició en el 2006, no se ha hecho una evaluación del cumplimiento de los objetivos del mismo, ni su impacto en la reducción y control de la morosidad.
" En cuanto a la gestión de cobro judicial, se observó que no se evalúa  periódicamente la  recuperación  asociada a las gestiones que realizan los abogados contratados.
" No existe estandarización en las evaluaciones individuales de los abogados contratados, aplicadas por oficinas centrales y sucursales", añade el informe.
En ese sentido, la Contraloría reveló que 22.600 gestiones de cobro judicial están prácticamente perdidas, no sólo porque los patronos se encuentren inactivos o no tengan bienes que embargar, sino porque después de diez años las deudas han prescrito por falta de activación del interesado.
En cuanto a las "lLas deudas del Estado se producen por cuanto las obligaciones que las originan no son canceladas de manera oportuna, afectando los flujos de efectivo de la CCSS.
Adicionalmente, al mes de marzo de 2011, el 75,2 % de esa deuda (estatal) se encuentra pendiente de formalizar mediante convenios con el Poder Ejecutivo, "por lo que resulta necesario que a la brevedad se definan esos convenios", indicó la Contraloría.-

Sentar responsabilidades

A raíz de la investigación, la Contraloría giró una serie de instrucciones a la presidenta ejecutiva de la Caja, Ileana Balmaceda, para que se corrijan las deficiencias contables.

El organismo ordenó que "se establezcan los planes de acción que permitan formalizar con el Poder Ejecutivo las deudas pendientes a la fecha; que se corrijan las deficiencias en el registro y presentación de las cuentas por cobrar en los estados financieros y las fallas en el SICERE asociadas con el registro de esas cuentas y se establezcan los registros auxiliares que sustenten los montos de las cuentas por cobrar en los estados financieros".

Además, dispuso la definición de una estrategia para mejorar la gestión de cobro administrativo y judicial y se investigue si existen eventuales responsabilidades administrativas o civiles por la falta de un control oportuno sobre el trámite de los expedientes en cobro judicial y sobre la gestión.