“La intervención de la Administración Solís Rivera no sólo es urgente, es un deber, cada minuto que pasa la crisis en Salitre se agrava, la única forma en que este conflicto se va a terminar es haciendo respetar los derechos de los indígenas, que no sólo están amparados por nuestra legislación, sino también por convenios internacionales que ha firmado nuestra nación, y que obliga al Estado a respetar su autonomía y velar por su integridad”.

Hernández urgió al gobierno a actuar para evitar los abusos por parte de la Fuerza Pública retirando y relevando a los agentes destacados en Buenos Aires de Puntarenas.

“Que el equipo policial que se ha prestado para estos abusos sea retirado de la zona del conflicto, a su vez que se proceda a relevarlos de inmediato por efectivos que respeten las leyes y los procedimientos”, alegó el legislador del Frente Amplio.

También pidió que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, “retire de las inmediaciones a los no indígenas y mantenga asegurado el perímetro del territorio indígena Salitre”.

“Cualquier acto de violencia, derramamiento de sangre o muerte, será responsabilidad plena del Poder Ejecutivo, sólo ellos cuentan con las herramientas para detener esta emergencia, hagan valer nuestra Constitución, sino ¿para qué aprobamos que nuestra Patria se declare pluriétnica y multicultural?” cuando “parece empeñado en trocar esta importante reforma en letra muerta, vacía”, acotó.

Hernández describió la agresión que vive el territorio indígena de Salitre por parte de “no indígenas, (Sikuas) que han invadido propiedades, han quemado casas, pertenencias y han agredido físicamente a hombres y mujeres de nuestros pueblos originarios”, gentes pacíficas que ni siquiera se defienden de los ataques señaló.

“Estas acciones están pasando a vista y paciencia de las autoridades policiales, quienes no han velado por el respeto a los territorios indígenas, a la vez la indiferencia gubernamental acompaña esta deplorable situación. Esta actitud irresponsable y displicente ha permitido que grupos de no indígenas se mantengan dentro de las fincas amenazando a los habitantes originarios e inclusive ofendiendo la dignidad de las mujeres indígenas”.

El legislador aseguró que el irrespeto al ordenamiento jurídico es tal, que la Fuerza Pública permite que personas con medidas cautelares que les prohíben acercarse al territorio de Salitre -señalados por usurpación, agresión e incitación a la violencia- “hacen ingreso a la zona cuando quieren y generan más inestabilidad”.

Los dirigentes bribris del Territorio de Salitre han pedido la presencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Defensoría de los Habitantes y del propio Presidente Luis Guillermo Solís, para que intervenga directamente en la solución del conflicto.

Costa Rica es un Estado parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Aborígenes, ambos de Naciones Unidas, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos y en nuestro país está vigente la Ley Indígena.

La vivienda atacada por más de 30 personas este domingo en la noche, fue la de Grace Delgado y afectó también a Heylin Figueroa, Roxana Figueroa y Ademar Figueroa, los tres son estudiantes del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y miembros de la Federación Indígena de Estudiantes (FIE).

La FIE condenó y se mostró preocupada por "el incremento de la frecuencia y la gravedad de los ataques" en las últimas semanas y también exigió “que se garantice la integridad física y psicológica” de la población indígena agredida “a vista y paciencia de las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial a través de un cuerpo de policías que supuestamente ´resguardan´ la seguridad ciudadana en los territorios Indígenas".

“Los gestores locales indígenas, condenamos estos brutales hechos de violencia y responsabilizamos al gobierno de Costa Rica por su inacción, incompetencia y desprecio por la vida y dignidad del pueblo bribri de Salitre”.

La FIE pidió la reintegración de las tierras despojadas por los terratenientes a nuestros pueblos, el respeto, aplicación y cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y el respeto a la vida e integridad de los pueblos originarios en cumplimiento de los derechos fundamentales como pueblo.