Gran número  de casos, más fallecimientos, saturación hospitalaria, la realidad el Covid-19 hoy en Costa Rica. 

El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, calificó la situación de “crítica” en una conferencia de prensa este lunes. El pasado fin de semana -dijo- “fue duro para nuestro personal de salud porque nos quedamos sin camas para trasladar pacientes”.

El jerarca lamentó la fatiga que sufre el personal de salud que atiende a los pacientes de Covid-19, en una larga lucha que ya lleva 19 meses por salvar la mayor cantidad de vidas posible.

Peor aún, Macaya advirtió que hacia finales de setiembre se podría enfrentar un escenario mucho más complejo con un promedio diario de 3.500 casos nuevos por día y más de 600 pacientes requiriendo cuidados intensivos, ante lo cual los servicios de la CCSS serían totalmente desbordados.

El 71% de la población mayor de 12 año tiene una elevada vulnerabilidad a la enfermedad, por lo que “debemos ser conscientes del escenario de riesgo en el cual todavía nos encontramos”, advirtió Macaya.

El funcionario reconoció que todas las personas están cansadas, preocupadas y agobiadas por la situación sanitaria y sus efectos económicos, pero afirmó que la manera de retomar las actividades laborales y sociales es haciéndolo de manera responsable, cumpliendo con las medidas de prevención ya conocidas.

Llama la atención, sin embargo, que frente a este preocupante panorama, las autoridades tienden a relajar cada vez más las pocas restricciones que funcionaban como atenuantes de la pandemia.

La reducción de horarios de restricción para la circulación de vehículos, la apertura de estadios y la vuelta a las clases presenciales, parecen medidas apropiadas para una situación mucho menos apremiante que la actual.

Ciertamente, es responsabilidad de cada persona cumplir con las medidas de prevención que tantas veces se han repetido, no solo para cuidar su salud sino la de aquellos de su entorno más vulnerables a la enfermedad. Pero eso no pasa de ser un enunciado si la población en general no responde positivamente.

En tal caso, el papel del Estado es aplicar todas aquellas medidas que, sin causar una lesión severa a la economía, ayuden a contener la infección. Decretar alertas naranja que no tienen ninguna consecuencia real es absurdo e irrisorio.

La vacunación avanza, pero las cifras aún no garantizan una contención de la pandemia. Aún hay cerca de 3,5 millones de personas que no han sido vacunas o solo han recibido una dosis y esta población es susceptible de enfermar y transmitir el virus. Esa es la cruda realidad.