Bajar los salarios para frenar el desempleo juvenil, fue una de las peticiones del Banco

Central Europeo en la carta remitida en agosto al Gobierno español en la que solicitaba medidas de ajuste presupuestario y económico a cambio de reactivar su programa de compra de deuda española.

En materia laboral, las medidas se traducían en una "devaluación competitiva" de los salarios y acciones contra el desempleo juvenil incluyendo la creación de una nueva categoría de trabajadores, miniempleos, con sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional (641,4 euros mensuales en España).

El contenido de la carta del BCE con el que se estuvo especulando en agosto, ha sido desvelado por el presidente electo del Gobierno, Mariano Rajoy, en su reunión con los agentes sociales el pasado jueves para discutir sobre posibles aspectos de la futura reforma laboral según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Rajoy aseguró haber conocido el documento por fuentes distintas del Ejecutivo socialista en funciones. El líder popular transmitió además su intención de utilizarla como hoja de ruta en su gestión con el objetivo de entrar en el grupo de cabeza del euro.

La propuesta de miniempleos ya se desarrolló en Alemania en 2003 como medida para atajar el desempleo y la economía sumergida. La fórmula se basa en contratos con un sueldo máximo de 400 euros mensuales para empleos de "escasa consideración" en los que el trabajador no paga impuestos y abona las cotizaciones sociales de forma voluntaria.

Las medidas de la carta del BCE fueron las que guiaron la reforma de la Constitución pactada entre PP y PSOE para introducir el límite de déficit que solicitaba Europa. Su desarrollo legislativo será una de las primeras normas que aprobará el Gobierno de Rajoy cuando se constituya a finales de mes.

El BCE reanudó su programa de compra de bonos en agosto de este año con el objetivo de acabar con la presión de los mercados sobre la deuda soberana española e italiana. Para la reanudación de este programa, que se puso en marcha en mayo de 2010, el BCE solicitó a ambos gobiernos una serie de ajustes económicos.