Ricard González

El Cairo. El primer ministro egipcio, Kamal Ganzuri, mostró el miércoles una actitud desafiante frente a las amenazas provenientes de EE UU respecto a una suspensión de las ayudas al país árabe si la justicia egipcia prosigue su causa contra 19 ciudadanos estadounidenses, pertenecientes a ONG dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos, acusados de violar las leyes relativas a la actuación de estas organizaciones en el país.

“No nos echaremos atrás o seguiremos otro camino a causa de algunas ayudas o otras cosas”, dijo Ganzuri en una rueda de prensa. En respuesta a varias preguntas sobre esta cuestión, el mandatario aseguró que “se aplicará la ley” a los nacionales extranjeros que trabajaban en ONG acusadas de no disponer de la licencia necesaria para operar en Egipto, o de haber recibido financiación extranjera de forma ilegal. “Está claro para todos que esta campaña tiene como objetivo vengarse de los grupos que han revelado violaciones por parte de la Junta Militar desde que asumió el poder”, dijo en un comunicado público la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos, un de las principales entidades del sector en Egipto.

Tras la filtración el pasado domingo del procesamiento de los 19 estadounidenses, a los que se deben añadir otros 24 personas de otras nacionalidades, numerosas voces desde Washington han amenazado con cancelar la ayuda financiera que recibe Egipto. En concreto, para el presente año, está previsto que EE UU desembolse cerca de 1.000 millones de euros en asistencia militar, y cerca de 200 millones en proyectos de tipo social.

“Si no siguen las condiciones que pusimos en la enmienda, de ninguna manera deberían obtener fondos. Y de momento, no lo están cumpliendo”, declaró el senador Patrick Leahy, responsable de incluir una enmienda en el presupuesto de cooperación que atribuye a la Casa Blanca la potestad de congelar los fondos de ayuda si “no se respetan las libertades de expresión y asociación”.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, no utilizó unas palabras tan contundentes para presionar al Gobierno egipcio, pero también expresó su apoyo a los 19 procesados, de los cuales sólo cinco se encuentran en Egipto. “No han hecho nada malo, su única tarea era apoyar la transición a la democracia en Egipto”, aseveró Carney.

Por otro lado, uno de los dos jueces que instruye la causa ofreció por primera vez detalles concretos de las acusaciones contra los empleados de las ONG. Según el juez Samih Abu Zaid, las entidades estaban operando “sin licencia”, y su trabajo “era puramente político y ... nada que ver con la sociedad civil”. Entre las organizaciones bajo sospecha, que fueron registradas el pasado mes de diciembre, se encuentran el International Republican Institute, y el National Democratic Institute, dos fundaciones vinculados a los dos grandes partidos estadounidenses, y cuya misión es promover los valores democráticos en el exterior. En la republicana trabaja Sam Lahood, el hijo del secretario de Transportes de EEUU, Ray Lahood. Además de las organizaciones estadounidenses, en el mismo proceso han sido acusadas diversas egipcias, y una alemana, la Konrad Adenauer.

De acuerdo con Abu Zaid, los trabajadores de estas entidades recibieron instrucciones para “trabajar durante años en Egipto con visados de turistas”, y no solicitar el correspondiente visado de trabajo. “Existen muchas evidencias, y declaraciones de testigos ... Se transfirió dinero a las organizaciones de diversas formas, a través de cuentas individuales de los empleados en lugar de cuentas a nombre de las organizaciones”, añadió.