Los sindicatos denuncian que el nuevo plan se traducirá en un aumento de la jornada laboral para los 170 mil funcionarios de la región, que pasará de 35 a 37,5 horas semanales. Afirman que esta medida conllevará la destrucción de puestos de trabajo.

Miles de empleados se manifestaron ayer en las calles de Madrid en contra de los recortes y nuevas medidas de austeridad previstas por el gobierno conservador regional. Según la organización, 150 mil manifestantes, entre enfermeros, profesores y bomberos, desfilaron por el centro de la capital española, desde el Museo del Prado hasta la plaza de la Puerta del Sol.

“Si maltratan a los trabajadores públicos, lo que sufre es todo el bienestar social”, afirmó Javier Figueroa, de 43 años, administrativo en la consejería madrileña de cultura y representante del sindicato UGT.

“Recortaron salarios y los derechos laborales, aumentaron la jornada laboral; toda la protección social está en peligro, en educación, en sanidad”, agregó. Los principales sindicatos convocaron esta manifestación para protestar contra los ajustes previstos en el Presupuesto 2012 de la Comunidad Autónoma de Madrid, dirigida por el Partido Popular (PP), que también controla el gobierno central desde diciembre.

Los sindicatos denuncian que el nuevo plan se traducirá en un aumento de la jornada laboral para los 170 mil funcionarios de la región, que pasará de 35 a 37,5 horas semanales. Afirman que esta medida conllevará la destrucción de puestos de trabajo, como el sector de la salud pública, que emplea a más de 78 mil personas en la región, donde podrían desaparecer miles de puestos interinos. “Los hospitales están a medio funcionamiento porque no hay personal”, afirmó Dolores Escrivano, auxiliar de enfermería de 57 años. “Hay 7000 trabajos públicos que quieren quitarse”, aseguró.

Las bajas por enfermedad también estarán menos indemnizadas, con pérdidas de sueldo que pueden llegar a 500 euros mensuales.

En 2011, la Comunidad Autónoma de Madrid, como otras regiones del país gobernadas por la derecha, se vio obligada a aplicar las primeras medidas de austeridad, que afectaron principalmente a la educación y provocaron grandes manifestaciones. “Este año hay más alumnos en las clases y menos profesores”, se lamentó Bárbara Tapiador, maestra de 33 años.

“Si siguen cortando puestos de profesores, el año que viene probablemente no haya trabajo”, dijo. Desde el año pasado, el gobierno español intenta imponer el rigor presupuestario a las 17 comunidades autónomas que forman el país, responsables de servicios clave como la salud o la educación y fuertemente endeudadas desde que estalló la crisis en 2008. Aunque aún no se dispone de datos definitivos, el déficit de las regiones debería alcanzar en 2011 un 2,3 por ciento o 2,4 por ciento del PIB, muy por encima del objetivo de 1,3 por ciento que les había impuesto el gobierno central.

Por su parte, la ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, descartó hoy que se pueda crear empleo neto en 2012 y acusó al anterior gobierno socialista de agravar la crisis económica con políticas irregulares y contradictorias.

Durante la primera sesión de control al gobierno del Partido Popular en el Senado, Fátima Báñez aseveró que la reforma laboral que aprobará el Ejecutivo el viernes buscará la estabilidad en el empleo frente a la precariedad que dejó la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Báñez dio respuesta a la pregunta del senador socialista Juan Francisco Martínez-Aldama sobre las perspectivas de creación de empleo neto que tiene el actual Ejecutivo para 2012 y dijo que la revisión a la baja que hicieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España sobre la evolución de la economía española hará que difícilmente se pueda crear empleo neto este año. Según la ministra de Empleo, estas previsiones de decrecimiento del PIB español llevan a un escenario de recaída y atribuyó esta situación a las políticas económicas irregulares llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo. “El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobernó ocho años, dejó la peor herencia de la democracia. Es dramática la herencia”, dijo, tras advertir que “hoy uno de cada dos jóvenes no tiene oportunidades por culpa de las políticas socialistas”.

Báñez dijo que el gobierno de Zapatero destruyó 2,7 millones de empleos desde el cuarto trimestre de 2007 y aumentó la tasa de desempleo en 14,25 puntos hasta casi el 23 por ciento.