Además, se aprobó la Recomendación N°206, de la misma temática, y una Resolución que promueve la ratificación de este Convenio.

Este convenio internacional recogió el clamor global de miles de personas trabajadoras, principalmente organizaciones de mujeres, cuya aprobación logró un altísimo consenso: 439 votos a favor y solo 7 votos en contra.

Lamentablemente, uno de estos pocos votos negativos fue de la glamurosa delegación del sindicato patronal-empresarial de Costa Rica, que de sobra conocemos su permanente rabiosa hostilidad contra la clase trabajadora.

El Convenio N°190 OIT reconoce el derecho de toda persona trabajadora de realizar su actividad profesional en un ambiente seguro y libre de toda conducta hostil y acoso laboral o sexual, que afecte su integridad o dignidad, que incluye la violencia y acoso por razón de género.

La protección comprende grupos en condiciones vulnerables, los cuales por las características de prestación de la actividad, pueden estar más expuestos al acoso laboral y sexual: servicio doméstico, sanitarios, educación, restaurantes, hoteles, turnos de noche, entre otros, realizadas mayoritariamente por mujeres.

Un elemento novedoso del Convenio, que merece destacar, consiste en el reconocimiento de que la “violencia doméstica” –violencia intrafamiliar- puede afectar las relaciones laborales, lo cual obliga al patrono a mitigar el impacto que sufre la persona trabajadora.

Asimismo, establece que los Estados deben promulgar normativas que garantice el derecho de igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación, con un enfoque de género que prevenga, elimine y sancione la violencia y el acoso laboral y sexual.

La ratificación de este convenio implica un reto para América Latina, región en la que se estima muy conservadoramente que entre un 20% y un 25% de las personas trabajadoras, principalmente mujeres, han sido víctimas de algún tipo de acoso y violencia en el trabajo.

En Costa Rica, la violencia empresarial contra las mujeres trabajadoras se trata de una actividad patronal común, prácticamente impune, exacerbada en esta época de pandemia, que también ha profundizado la desigualdad estructural en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres.

De aquí la imperiosa urgencia, que el Poder Ejecutivo someta a la Asamblea Legislativa, por el proyecto de ley para que se ratifique este Convenio de OIT, lo cual hasta ahora el Gobierno olímpicamente se ha hecho de la vista gorda.

Tenemos que resaltar que el Texto de Constitución de la OIT estipula que todo Estado miembro está en la obligación de someter a la autoridad competente el convenio adoptado, en el término de un año, a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia, o cuando por circunstanciales excepcionales no puede someterse en este plazo, tan pronto sea posible, pero nunca más de 18 meses después de clausurada la conferencia (artículo 19.5)

Este plazo ya le venció al Gobierno de Costa Rica, colocándose, por tanto, otra vez, en una situación de incumplimiento injustificable de las obligaciones que tiene como miembro de ese organismo internacional.

Es evidente que, en la agenda fiscalista del Gobierno, este convenio no tiene ninguna importancia y mucho menos prioridad.

El Gobierno tiene una triple deuda: una deuda moral y política con la dignidad de la mujer trabajadora, una deuda con la OIT, y, además, una deuda con los Derechos Humanos.

Es necesario que los sindicatos, las organizaciones de mujeres, los colegios profesionales, cooperativas y demás asociaciones de la sociedad civil, presionen para que el Gobierno presente, a la mayor brevedad, en este período extraordinario, este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

El acoso constituye una pandemia laboral, que exige adoptar políticas públicas y acciones inmediatas para prevenir y erradicar este flagelo patronal del mundo del trabajo de este país.

(* Experto en derecho laboral)