Las evidentes dificultades que enfrenta la Corte Suprema de Justicia para elegir a su nuevo presidente son el reflejo de una controversia de fondo sobre los cambios que un sector de la clase política intenta imprimir al Poder Judicial, para convertirlo en un instrumento más efectivo de sus intereses, estiman analistas bien informados.

Los 22 magistrados que integran la Corte Plena se han ido dividiendo en dos grupos, uno de ellos afín a la propuesta “reformadora” del Partido Liberación Nacional (PLN) que propugna por un poder judicial que resuelva de manera expedita y con criterio “técnico”,  dejando a los políticos las grandes decisiones políticas del país.

“Esta propuesta lo que esconde es el concepto de un poder judicial sumiso que deje pasar los grandes negocios hechos a la sombra del poder, al estilo de las concesiones mineras (léase Crucitas) o las concesiones de obra (léase carretera San José – San Ramón)”, afirmó una fuente judicial que pidió el anonimato por razones obvias.

Del otro lado, existe un grupo de diputados que se aferra al concepto de una Corte de Justicia independiente, que asuma con total seriedad y responsabilidad el papel que le asigna el sistema republicano de control y contrapeso del poder ejecutivo.

En medio de estas dos posiciones, existe un cierto número de magistrados que se inclina por una salida ecléctica, en la que ambas partes encuentren un punto de equilibrio.

Este cuadro es el que se vio reflejado en las cinco votaciones que se efectuaron el lunes y tras las cuales ninguno de los dos candidatos, la magistrada Zarella Villanueva y el magistrado José Manuel Arroyo, lograron reunir el mínimo de 12 votos para resultar electos.

En las cinco votaciones, fue consiste el número magistrados que favorecen a Villanueva (9) y a Arroyo (5), con excepción de una de las rondas en la que ambos empataron con 7 votos. Pero también fue consistente el número de magistrados que votaron en blanco (8).

La variable “encanto”

A esta controversia básica, se suman situaciones de índole personal que afectan a los actuales candidatos.

José Manuel Arroyo, ex presidente de la Sala Tercera, es un magistrado de sólida formación académica, con un buen fundado prestigio profesional, pero que –aseguran nuestras fuentes- ha tenido problemas de relación personal que le han dificultado la posibilidad de aumentar adhesiones.

En el caso de Villanueva, los dos meses como presidenta interina han puesto en evidencia sus limitaciones de liderazgo, tanto en el aspecto técnico-judicial, como en lo relativo al manejo administrativo de la institución, que es sumamente complejo.

Lo que sigue

Los resultados de la votación del lunes hacen evidente la necesidad de un nuevo candidato que no resulte “vetable” para ninguna de las dos partes y que pueda generar cierto consenso.

En cierta forma, la figura que la Corte Suprema requiere para poner en la presidencia es la de un magistrado o magistrada que cumpla el papel que desempeñaba Luis Paulino Mora, cuya repentina muerte provocó la ruptura de un delicado equilibrio.

No obstante, los observadores dentro del Poder Judicial consideran que tal figura no existe y que la Corte deberá conformarse con una presidencia de transición, que “jinetee la mula” mientras las fuerzas se recomponen internamente.

Lo más probable, entonces, es que la próxima semana veamos surgir un tercer o cuarto candidato y eventualmente el retiro de uno o de los dos actualmente postulados.