Su primer párrafo detalla que “En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos”.

Sin embargo “sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1.500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos”.

Especifica que “El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma”.

Sobre la expresión “Femicidio” que recién ahora se incorpora en el diccionario de la Real Academia Española, se explicita “que es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías” y que además es “una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos”.

Lo que debe captarse es que “Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres”. “Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO”.

Hay que reconocer que “el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima, cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón”.

El documento explica que dado que “Lo privado es político” cuando una mujer dice basta, que no quiere ser una víctima más, “desafía a toda la estructura de la violencia machista”. “Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener su decisión”.

“Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia” y así “decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes”.

Queda fuera de lugar que los femicidios sean tratados como problemas de seguridad. Por el contrario “exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias” como también de toda la sociedad civil. “Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas”.

El documento recuerda que en 2009, por amplia mayoría (174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

“Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia. En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales”.

Al mismo tiempo de señalar que en Argentina no hay un registro oficial de femicidios se afirma que “el Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor”.

En el texto se afirma que la práctica de que las causas quedan paralizadas y luego se archivan habla a las claras de un modelo judicial de la violencia contra las mujeres que juega hacia la impunidad para el agresor.

Se puntualiza que “esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad”.

Desde el documento se confiesa que esta afirmación de Ni una menos se formula “con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece” y que la masiva convocatoria en todas las plazas del país es “un grito unánime” es “dolor común” acompañado “con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la cultura machista-, y hasta el fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada”.

Con este testimonio que surge desde las entrañas y se transforma en un grito escrito al clamar que “No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas” el documento detalla nueve propuestas insoslayables.

Pide la Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”; la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios; apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias.

Varios puntos sobre garantías: la protección de las víctimas de violencia; el acceso de las víctimas a la Justicia; el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática; la creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género: incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género; capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.

La frase final es para grabar en las mentes y los corazones “No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas”.

Documento completo: http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/ni-una-menos-es-un-grito-colectivo-es-construir-un-nuevo-nunca-mas-8716.html