Como resultado de muchos errores, cuya magnitud y responsabilidad determinarán las instancias competentes, se detuvo el proyecto de modernización de la refinería. Es necesario reflexionar sobre las implicaciones políticas, sociales y humanas de este desenlace.

En los últimos años, las y los trabajadores de RECOPE han sido objeto de una campaña continua de difamación por parte de algunos medios informativos comerciales, en la que primero se les echó en cara los "odiosos privilegios" emanados de su convención colectiva y luego, se les responsabilizó del costo de los combustibles en el país. Por meses, las trabajadoras y los trabajadores de la empresa, fueron acusados de vagabundería y robarse el salario impunemente.

El tono de esa campaña tuvo la tónica general del discurso anti derechos laborales en el sector público cuyo fin es justificar la imposición del salario único y la desregulación de las relaciones laborales para toda la clase trabajadora, tal y como lo han hecho los gobiernos neoliberales en muchos países con el objetivo de beneficiar al capital.

No obstante, en el caso de la refinería, a esos fines se sumó el de liquidar el monopolio del Estado sobre los hidrocarburos, para abrir paso a empresas privadas transnacionales que pongan las reglas del juego en materia de abastecimiento, distribución y venta de combustibles, tal y como eran las cosas antes de la existencia de RECOPE. Para que esto sea posible, hay que reducir a la Empresa a su mínima expresión, lo cual pasa por impedir que cumpla con su principal cometido: refinar el crudo y producir los combustibles que el país necesita.

La soberanía energética del país es tan importante como la soberanía alimentaria, porque aún y cuando se hicieran importantes esfuerzos por cambiar el modelo energético, al menos durante las próximas décadas, el país seguirá dependiendo de energías fósiles. No es realista decir que de la noche a la mañana vamos a mover este país con energías limpias, pues son muchos los cambios políticos que hay que hacer para modificar las cosas.

Valga de ejemplo el sector transporte, que es el mayor responsable de la factura petrolera nacional. Siguen sin existir políticas públicas para desarrollar alternativas sustentables, como sería una red ferroviaria eléctrica, que garanticen la movilización de personas y mercancías. Para ningún político es sencillo enfrentarse a los intereses de los importadores de automotores, transportistas y autobuseros, con medidas que modifiquen el actual estado de cosas vigente en materia de transporte público y privado.

Así, es financieramente insostenible que la factura petrolera nacional siga creciendo porque el país compra productos terminados en el mercado internacional, en lugar de comprar el crudo, cuyo precio siempre será más bajo. En el primer caso, las reglas del mercado las fijan unas cuantas empresas y hay mayor sensibilidad a conflictos geopolíticos. En el segundo, cabe la posibilidad de acuerdos con estados productores del crudo que garanticen un abastecimiento seguro a precios más estables.

Desafortunadamente, este aspecto no fue abordado en la escaramuza contra el proyecto de modernización pactado con la República Popular de China, como tampoco se habló acerca del futuro de las y los trabajadores que quedarían sin empleo en el caso de que la nueva refinería no se construya.

No construir la refinería implica tirar por la borda la soberanía energética nacional y empeorar la situación social del país, particularmente la de la provincia de Limón. Sin refinería ganan unos cuantos empresarios pero pierde el país y un sector de la clase trabajadora.

Esa es la disyuntiva que tienen ante sí éste y el futuro gobierno, así como las autoridades que se hagan cargo de RECOPE. Ese es el trasfondo en el tema de la refinería: la defensa de la soberanía energética y del derecho al trabajo de las y los trabajadores de RECOPE, quienes no tienen por qué ser los chivos expiatorios de esta historia.

(*)  Juan Carlos Cruz es comunicador social.