La situación logró controlarse con el refuerzo de la Fuerza Pública y las gestiones de la comisión oficial encabezada por la viceministra de Asuntos Políticos Ana Gabriel Zúñiga.

Desde la mañana del lunes, llegaron a San José las denuncias sobre una arremetida de matones pagados por terratenientes en contra de los vecinos indígenas de Salitre, cuyos ranchos fueron quemados y debieron huir a la montaña ante amenazas de agresiones físicas.

El gobierno envió una comitiva para atender la emergencia que tras muchas horas de gestión logró cambiar la situación, que no obstante continúa candente.

“Hay que tener claridad que sin el diálogo y sin la construcción de un proceso conjunto el conflicto no se soluciona. Se requiere de un mecanismo sólido aceptado por ambos sectores para que el proceso de recuperación de las tierras sea respetuoso de los derechos humanos y no genere reacciones violentas”, explicó Zúñiga.

Sin embargo, la funcionaria explicó además que las autoridades trabajan en la identificación de las personas responsables de los hechos violentos, quienes serán puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.

También se trabaja con las entidades correspondientes para que se restablezca el servicio de agua potable que había sido interrumpido durante el bloqueo.

“Para el Gobierno de la República este acuerdo pacífico representa el primer paso de un proceso de recuperación de tierras que sea respetuoso de la Ley Indígena, las normas internacionales y la jurisprudencia”, indicó la Presidencia.