Fredy González, expresidente del Infocoop y del Consejo Nacional de Cooperativas de Autogestión (CPCA).

El fallo considera que la sanción impuesta a estos dos y a otros seis cooperativistas fue “indebidamente motivada” por la Contraloría, lo cual constituye “una violación del debido proceso”.

El 10 de setiembre de 2018, la división jurídica de la Contraloría impuso a González, a Castro y a otros 7 exmiembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), una prohibición por 5 años para ejercer cargos públicos.

La sanción se relaciona con la aprobación de una metodología para calcular la tasa de interés de los créditos a cooperativas, aprobada por González y los demás miembros de esa junta directiva en el 2010, la cual -según la Contraloría- resultaba insuficiente para asegurar el equilibrio financiero de la institución.

El Tribunal Contencioso Administrativo consideró que los criterios utilizados por la Contraloría para establecer dicha sanción fueron “subjetivos” y “desproporcionados”.

La sentencia señala que los actos de la Contraloría constituyen una “abierta violación a los principios de la averiguación real de los hechos, aplicación de criterios de la sana crítica, derecho de defensa y el dimensionamiento de la responsabilidad de los accionantes”.

A inicios del gobierno de Luis Guillermo Solís, la junta directiva de Infocoop (una nueva) denunció pérdidas millonarias en la institución a raíz de las decisiones tomadas por el equipo presidido previamente por Fredy González.

En la base de la denuncia estaba un informe del entonces contador Jaime Jiménez, actualmente investigado por la Fiscalía, quien recientemente reconoció que las cifras reflejadas en los estados financieros habían sido manipuladas por él por orden de las nuevas autoridades de la institución, para que reflejaran pérdidas por 23.000 millones de colones, aparentemente inexistentes.

“Las pérdidas no fueron más que una maniobra contable y eso quedó claro en la declaración de Alejandro Jiménez. Tan es así que en el lapso comprendido entre 2010 y 2017, que fue el analizado por el economista de la Contraloría, el patrimonio del Infocoop creció a una tasa anual de entre 8 y 12%. Esto demuestra que las finanzas en ese periodo se mantuvieron estables”, declaró Fredy González a Informa-tico.com.

Añadió que en el periodo en cuestión, la misma Contraloría había calificado con un 97% la gestión del Infocoop, en el Índice de Gestión Institucional (IGI).

Según González, durante las audiencias en el Tribunal Contencioso Administrativo, los jueces preguntaron al economista de la Contraloría si había comprobado algún daño patrimonial para la Infocoop, a raíz de la tasa de interés en cuestión,  y éste respondió negativamente, afirmando que su trabajo se había limitado a estimar el riesgo crediticio.

“No digo que no hayamos podido cometer un error, pero categóricamente niego cualquier intento de convertir este asunto en un tema de corrupción, eso jamás”, agregó el dirigente cooperativista, quien se mantiene alejado de las actividades del sector.

 

Mandato de ley

González recordó que existe un mandato de ley para el Infocoop de otorgar tasas de interés preferenciales a las cooperativas, que pueden ser incluso inferiores a las del sistema bancario nacional.

Tanto la Constitución como la ley consideran la actividad cooperativista como un factor de desarrollo social y de democracia económica , lo que justifica un trato especial.

A juicio de González, hubo la intención de algunas personas de promover acciones judiciales en contra suya y de sus compañeros, proporcionando informaciones inexactas y, en muchos casos falsas, a la Contraloría General y a la Fiscalía.

En concreto, señaló al exdirector financiero del Infocoop, Alejandro Jiménez, y al exdirector ejecutivo Gustavo Fernández, quienes denunciaron “una manipulación de la tasa institucional”, algo que ya había sido conocido por la misma Contraloría y corregido según sus lineamientos.

“Estos señores tendrán que responder personalmente por las falsedades e inexactitudes que plantearon a la Fiscalía, porque no solo han causado tribulación a las personas que fuimos denunciadas, sino que inducen al sistema de justicia a emplear valiosos recursos en complejos procesos de investigación sin que haya fundamento”, expresó.

“Asumimos el veredicto del tribunal con respeto y humildad, y reconocemos que, aunque sea en forma tardía, el sistema de justicia de nuestro país puede hacer que reluzca la verdad. Asimismo, si se confirma que hubo informaciones falsas y manipulación de estados financieros, sobre los responsables debe caer todo el peso de la ley”, concluyó González.