“La demanda presentada el pasado 12 de agosto ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la Contraloría General de la República tiene como único objetivo que un juez defina si esa institución ha invadido competencias propias de Grupo ICE”, señaló la institución en un comunicado.

El 26 de agosto anterior, dicho Tribunal notificó al ICE que había dado curso a la demanda.

“El ICE reconoce que la Contraloría General de la República ejerce una función muy importante en la fiscalización de las instituciones, pero no le corresponden actividades administrativas”, subrayó Julieta Bejarano, directora jurídica de la institución.

Añadió que, en su criterio, la Contraloría ordenó al Consejo Directivo actos concretos de carácter administrativo en el caso de Radiográfica Costarricense (RACSA), empresa subsidiaria del ICE.

“Lo que necesitamos es la interpretación del juez respecto al marco jurídico que rige al ICE. Por eso le hemos solicitado a los tribunales que determinen si la Contraloría está ejerciendo funciones que no le corresponden”, añadió Bejarano.

La funcionaria explicó que el ICE suministra toda la información financiera auditada, interna y externamente, a la Contraloría. Pero la ley 8660 define que la información confidencial de que dispone el ente fiscalizador no se puede divulgar.

En la misma demanda planteada contra la Contraloría, el ICE solicitó al Tribunal derogar el Reglamento a los artículos 36 y 37 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, en que se amplía las obligaciones del ICE en cuanto a la rendición de cuentas ante el Consejo de Gobierno.

Dicho reglamento obliga a la institución a entregar semestralmente “voluminosos informes de sus negocios”, que incluyen estados de situación de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, desempeño en los mercados, metas y otros indicadores.

Bejarano aseguró que esto no está vinculado con el tema de rendición de cuentas y de transparencia por parte del ICE, como señalan diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

“Lo que buscan es ejercer el derecho de acceso a la justicia para la definición -por parte de un Tribunal- de las áreas de competencia de la función fiscalizadora de la Contraloría y del Consejo de Gobierno con respecto al ICE”, puntualizó.