Para Álvaro Sagot, uno de los abogados y ambientalista opositor a la concesión minera a la empresa Industrias Infinito en Las Crucitas -zona norte- el fiscal Chavarría ha fallado en “investigar al Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, por supuesto delito de prevaricato por el cual están siendo juzgados varios funcionarios del Ministro de Ambiente y Energía (Minae) y de la Dirección de Geología y Minas”, por la aprobación irregular de permisos a la mencionada firma, durante su administración, incluido el ministro del Minae de esa época, Roberto Robles”.

Los magistrados de la Corte Plena inclinaron la balanza a favor Jorge Chavarría, para que continúe como fiscal general de la República por cuatro años más, en una votación que se llevó a cabo el pasado 6 de octubre y que lo reeligió con 16 votos a favor y 6 en contra.

Chavarría ha sido criticado duramente por organizaciones sociales, ambientalistas y sectores políticos, por el escaso avance en la investigación de casos de corrupción en los cuales están involucradas figuras políticas afines al Partido Liberación Nacional (PLN).

El más reciente caso es el sobreseimiento al expresidente Óscar Arias Sánchez, en una de las causas que llevan adelante distintos tribunales de justicia del país, contra lo actuado por funcionarios públicos en la concesión a la mina Crucitas, orden que el Fiscal Chavarría emitió el pasado 2 de octubre, pocas horas antes de que la Corte Plena considerara su reelección en el cargo.

“Queda un sinsabor sobre la actuación de Chavarría, que ante la incertidumbre de futuro se apresuró a dictar el sobreseimiento de Arias, en una causa que ni siquiera se mencionó en el juicio por Crucitas, ni en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo acerca de una supuesta donación de la empresa minera Infinito Gold a la Fundación Arias; es una cortina de humo para dejar de lado la verdadera investigación por delito de prevaricato al jerarca máximo del gobierno que firmó la declaratoria de interés público y conveniencia nacional de la concesión de explotación de Crucitas”, lamentó Sagot.

Cabe recordar que la sentencia por la concesión de la mina Crucitas del Tribunal Contencioso Administrativo (noviembre del 2011) estableció que hubo “orquestación de voluntades” para favorecer a Industrias Infinito entre los funcionarios, incluyendo al de mayor jerarquía -el expresidente Arias-, por la firma el decreto ejecutivo que declaró “de interés público y conveniencia nacional” la explotación minera a cielo abierto en San Carlos.

Para Nicolás Boeglin, profesor en derecho internacional público y quien fue absuelto de una acusación de Industrias Infinito por difamación, señaló que “el Fiscal y sus investigadores deberían de observar en detalle cómo funciona una orquesta. Cuando se habla de "orquestación de voluntades" por parte de un tribunal de la República, como el Tribunal Contencioso Administrativo, hay varios elementos a tomar en cuenta: la noción de orquestación incluye una partitura musical escrita, un tempo acordado para su ejecución, unos cuantos personeros visibles actuando de primeros violines, otros no tan visibles para el público pero ejecutando otras partes de la partitura y por supuesto, un director”.

El Tribunal Contencioso ordenó al Ministerio Público y por lo tanto al fiscal Chavarría, que investigara la actuación de los funcionarios y estableciera responsabilidades penales, si las hubiera.

En el Tribunal Penal de Hacienda se lleva a cabo el juicio por prevaricato, en el que además del exministro de Ambiente y Energía -Dobles-, son juzgados la exdirectora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) -Sonia Espinoza-; la exdirectora del Registro Minero -Cynthia Cavallini- y los funcionarios Eduardo Ledezma, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales.