Imagen: Foto As. Legislativa. La diputada Nielsen Pérez afirma que “desalojo de indígenas en China Kichá es una vergüenza nacional” y exigió a los tribunales apegarse a las leyes y tratados nacionales e internacionales.
La Comisión legislativa de Derechos Humanos citó a audiencia al presidente de la Corte Suprema de J Justicia, Fernando Cruz Castro y a la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, el lunes anterior para que explicaran los fundamentos de la resolución del tribunal y pidió que el Poder Judicial se apegue “en sus resoluciones al marco de convencionalidad y los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas”.
“Una no puede creer que indígenas en Costa Rica sean sacados de su propia tierra y que un tribunal los califique de invasores. Se les despoja de su identidad, su historia y sus medios de sobrevivencia. Este desalojo en China Kichá es un ejemplo de racismo y de injusticia contra una población históricamente humillada por el Estado”, lamentó la diputada.
La orden de desalojo ha dado pie para que las personas no-indígenas que usufructúan ilegalmente de fincas en territorios indígenas en varias zonas del país, mantengan acciones de intimidación y amenazas constantes contra la población Maleku de China Kichá, en Pérez Zeledón, y contra indígenas recuperadores de tierras ancestrales de los pueblos bribri de Salitre y Térraba, ambos en el sur del país.
Pérez destacó que “el desalojo es grave no solo por la violación a los derechos de las personas indígenas y además, porque la medida cautelar se presenta en medio de la pandemia sanitaria” por el COVID-19.
El lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso convocó a una audiencia al Ministerio de Seguridad Pública y a la Corte Suprema de Justicia para que explicaran las medidas de protección de los pueblos Teribe, Térraba y Bribrí de Salitre que está aplicando el Estado costarricense, correspondientes a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señala un comunicado.
En la audiencia además se cuestionó la legalidad de la orden de desalojo “ordenado por el Tribunal Agrario hacia personas indígenas, recuperadores Cabécar en China Kichá” de su propio territorio.
La audiencia, se realizó en el marco del Expediente 21.369 que investiga las responsabilidades del Estado en el asesinato del líder Sergio Rojas y las acciones adoptadas según las medidas cautelares ya dispuestas por la CIDH.
