La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) realiza cada año la medición del Índice de la libertad de Expresión, en el que nuestro país alcanzó la mejor ubicación desde que se inició este ranking, en 2002, al ubicarse en el 6 lugar a nivel mundial y en la primera posición en América..

Costa Rica es “el país es el mejor calificado en el continente, superando a Jamaica, que se ubica en la posición 10, a Canadá en la 18 y a Uruguay en la 20”, señala la RSF.

Las variables.

Para realizar esta clasificación, RSF elabora un índice mundial, para evaluar el desempeño general de los países en materia de libertad de prensa. Se elabora un cuestionario en el que se abordan temas como pluralismo, independencia de medios de comunicación, ambiente para que los periodistas realicen su labor, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura para producir la información.

Esto se complementa con un adicional propio de RSF sobre las agresiones y ataques contra los periodistas.

En la edición del 2016, Costa Rica subió diez lugares en la clasificación, pasando del puesto 16 en el 2015 al puesto 6 esta año. Es la posición más alta que ha logrado el país en estas mediciones, es la primera vez que se ubica en el top ten mundial de libertad de prensa.

Ranking Prensa

En las mediciones anteriores, su mejor ubicación había sido la posición 15 en la primera edición de esta clasificación, en el 2002. Posteriormente descendió a la posición 41 en el 2005, para iniciar una recuperación que se volvió a interrumpir en el 2009 con una nueva caída.

Esta evolución fue calificada como muy satisfactoria por el Ministro de Comunicación Mauricio Herrera, quien destacó la voluntad de la administración del presidente Luis Guillermo Solís por impulsar cambios que permitieron el fortalecimiento del libre ejercicio de la prensa.

El ministro Herrera adelantó que en estos momentos se trabaja en una legislación que promueve un mayor acceso a la información pública y una cultura de transparencia en las labores oficiales, que incluye reglas y límites al uso de la pauta publicitaria estatal para que no se use como premio o castigo, y reformas al Código Penal para evitar la criminalización de las denuncias ciudadanas de interés público.