Como una serie de Netflix, decía Alessandra Bueso, periodista del Centro de Estudios hondureños (Cespad), para hablar del estado de corrupción y la infiltración del narcotráfico en Honduras.

Juan Antonio Hernández, Tony, exdiputado, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos en marzo pasado, y el mandatario corre el riesgo de ser extraditado por el mismo motivo, al dejar el cargo para ser juzgado en Estados Unidos.

“Tony Hernández, exdiputado de la Asamblea de Honduras, fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países el tráfico de toneladas de cocaína. El fiscal también lo acusó de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2012, dijo Jacobo García, corresponsal del diario español El País en México y Centroamérica.

En marzo pasado se realizó otro juicio contra un narcotraficante hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se trataba de Geovanny Fuentes. La fiscalía afirmó entonces que tanto Tony como su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, eran socios del acusado en el tráfico de droga.

“Estados Unidos pasó décadas contribuyendo al cambio de regímenes y a la desestabilización en América Latina. No podemos incendiar la casa de alguien y luego culparlos por huir”, dijo la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez.

Para el fiscal Jacob Gutwillig, “el narcotraficante Geovanny Fuentes operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el ejército y la clase política”, “incluido el actual presidente de Honduras”.

“Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando, quien aceptó sobornos del dinero de la droga de Los Cachiros; es el hombre que envió kilos de cocaína con sus iniciales», dijo el fiscal Michael Lockard.

Para la Fiscalía, Honduras se ha convertido en un “narcoestado”. “El acusado fue parte fundamental del narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, dice el periodista de El País en su nota sobre el juicio.

En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido el capo mexicano Chapo Guzmán.

La sentencia de Geovanny Fuentes deberá ser anunciada en enero próximo por el juez Kevin Castel, el mismo que condenó a cadena perpetua a Tony Hernández.

Ya antes, el hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014), Fabio Lobo, había sido sentenciado en Nueva York, en 2017, a 24 años de cárcel por el tráfico de 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El candidato del Partido Liberal a la presidencia, Yani Rosenthal, un importante empresario que finalmente quedó en un rezagado tercer lugar en los comicios, también fue condenado a 36 meses de prisión en Estados Unidos y a una multa de tres millones de dólares por lavado de dinero. Rosenthal, quien fue diputado en el período 2010-14, después del golpe de Estado de 2009, se declaró culpable de los cargos ante una corte de Nueva York en julio de 2017.

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional —el mismo del presidente y el más importante del país—, también está bajo investigación, por presunto desvío de fondos cuando era alcalde de Tegucigalpa.

Simpatizantes del partido de oposición izquierdista LIBRE, que ganó las elecciones presidenciales del 28 de noviembre, exigen al Consejo Nacional Electoral un recuento parcial de los votos para los diputados tras presuntas denuncias de fraude. (AFP).

-- Incomodidad --

Lobo y Hernández fueron los dos presidentes elegidos después del derrocamiento de Manuel Zelaya, en junio de 2009, con el apoyo de Washington y de la llamada “comunidad internacional”.

Los casos, en especial el del hermano del presidente Hernández, recibieron atención de la prensa, como era inevitable, pero su dimensión política fue muy reducida si pensamos, por ejemplo, en qué hubiera pasado si un hermano del presidente de Cuba o de Venezuela hubiesen sido condenados por crímenes como estos.

Ese oportunismo político prevaleciente en una región donde, con facilidad, se conforman grupos políticos conservadores contra gobiernos de línea opuesta, pero que cierran los ojos cuando los grandes problemas se dan en gobiernos de línea afín, impide enfrentarlos con la necesaria fuerza política.

No hay, por ejemplo, algo similar al Grupo de Lima —una agrupación conservadora creada para apoyar a la oposición en Venezuela, hoy casi desaparecida— contra el narcotráfico.

Alessandra Bueso cita, en su trabajo sobre la infiltración del narcotráfico en el gobierno hondureño, a Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, para quien “los señalamientos de la Fiscalía incomodan al principal socio estratégico del país: Estados Unidos”.

En realidad, según la fiscalía de Nueva York, es evidente la participación del gobierno de Honduras en el narcotráfico.

Lo que podría incomodar a Washington, según Breda, es que Estados Unidos “posiblemente” tenga idea de que un gobierno aliado promueve el narcotráfico.

Para Bueso, Honduras es atractiva para la narcoactividad no solo por estar ubicada en “una ruta geográfica que facilita el paso de la droga”, sino también por “la debilidad institucional y la ausencia, a propósito, de las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en las regiones que se volvieron corredores del narcotráfico”.

En un análisis sobre las perspectivas de las elecciones del pasado 28 de noviembre en Honduras, Crisis Group respondía a la pregunta de por qué son importantes esas elecciones, señalando que “la crisis humanitaria y la inestabilidad se adueñaron de Honduras desde el golpe de 2009, que remeció su mundo político.”

Una nueva elección cuestionada “podría provocar disturbios poselectorales y alimentar la salida de migrantes y solicitantes de asilo en México y los Estados Unidos”, advertían. El triunfo holgado de la opositora Xiomara Castro puede haber contribuido a evitar nuevos desmanes.

-- No solo el narcotráfico --

Regrese o no la izquierda —dijo el corresponsal de BBC Mundo, Gerardo Lissardy, refiriéndose a las elecciones del pasado domingo— “los retos del país son claros. Uno es la economía”.

En 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras fue de 21,7 mil millones de dólares, según el Banco Mundial, y llegó a 25 mil millones en 2019. Pero en 2020 cayó a 23,8 mil millones, afectado por la pandemia y dos huracanes. En julio, el Banco Central de Honduras (BCH) estimó un crecimiento entre 3,2% y 5,2% para este año y un crecimiento en un rango similar para el próximo.

Pero la clave para el funcionamiento de la economía hondureña son las remesas. El BCH estimaba que las inversiones extranjeras serían de unos 605 millones de dólares este año, pero las remesas de sus inmigrantes, sobre todo desde Estados Unidos, eran estimadas en casi 8,7 mil millones de dólares, cerca de un tercio del PIB del país.

En Honduras, el 55% de la población vive por debajo de la línea de pobreza de 5,5 dólares al día (165 dólares mensuales). Además, la tasa de desempleo el año pasado fue de 11% y la de subempleo de casi 71%.

En septiembre de 2021, unos 3,3 millones de hondureños —un tercio de su población— enfrentaban inseguridad alimentaria aguda.

-- El estallido más importante --

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 dio paso a una protesta social masiva, políticamente diversa y socialmente incluyente, “la más importante en la historia moderna del país”, en opinión de Gustavo Irías, director ejecutivo del Cespad.

El proyecto económico impulsado por la élite dominante después del golpe de 2009 ha sido el tradicional, el de “los agronegocios, la maquila, los servicios financieros y de comunicaciones”, dijo Irías.

Pero el motor del proyecto ha sido “la privatización de los bienes públicos y comunes, mediante asocios públicos-privados y el generoso concesionamiento del Estado de los bienes públicos (infraestructura caminera, puertos, aeropuertos y la energía eléctrica) y de los recursos naturales (los ríos, el mar, la tierra y el bosque)”.

Después del golpe, la “relación con el Estado ha sido más que esencial para asegurarse esos beneficios”, apoyados por “la fuerza represiva de los militares y de la policía en la implementación de la brutal estrategia de acumulación por despojo territorial en comunidades agrarias, indígenas y afro-descendientes”.

El punto culminante de este proyecto extractivista —destacó Irías— “ha sido la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zedes)”.

En junio pasado, 32 organizaciones conformaron una organización para luchar contra esos regímenes especiales que, en su opinión, amenazan con entregar la soberanía y el territorio nacional a manos extranjeras, bajo la justificación de la generación de empleos.

Las protestas estarán orientadas a la derogación del decreto 120-2013 que creó las Zedes, que hoy tienen cuatro centros instalados: en la isla de Roatán, en la comunidad de Satuyé, en La Ceiba, en Choloma, y otra en el municipio de San Marcos de Colón, en Choluteca.

-- Lo intentaremos una y otra vez  --

En esas circunstancias, no hay cómo detener una migración que busca simplemente alguna forma de sobrevivir.

En enero pasado conversamos con Juan Galdames, del Departamento de Santa Bárbara, al sur de la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula. Alojado en la Casa del Migrante del Petén, en Guatemala, iba camino a Estados Unidos. Hablamos por teléfono y me contó su historia.

“La situación en Honduras hace años que no es nada fácil. Los gobiernos están muy mal, se están enriqueciendo ellos solos. No están del lado de la gente pobre. Solo ven el beneficio de ellos. No hay empleo, y si hay empleo no le dan derechos laborales, nada. Los salarios son muy bajos, no le reconocen un derecho laboral”, me dijo.

—Lo que tengo en la mira es algún día entrar a Estados Unidos. Eso es lo que llevamos todos en la mente. Vamos a intentarlo una y otra vez. ¡Las veces que sea necesario!

En el año fiscal que terminó en septiembre pasado, los hondureños representaron casi la mitad de los 701.049 centroamericanos detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, recordó Gerardo Lissardy.

En una colaboración especial para el Cespad, Helen Montoya analizó “La responsabilidad de Estados Unidos en la creación de un fenómeno migratorio que hoy no puede contener”.

Las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica han estado condicionadas a la “protección de sus intereses económicos, políticos y militares”, para lo que “ha contado con el apoyo de las élites corruptas”, dispuestas a apoyar políticas intervencionistas, dijo Montoya.

Después de una década de conflictos en los años 80, en la región, se negociaron acuerdos de paz. Pero, al finalizar las guerras civiles, “la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades se acrecentaron, dando lugar a las primeras oleadas migratorias hacia Estados Unidos”, transformando ese tema en el principal punto de la agenda estadounidense en la región desde hace ya varios años.

Citando a Elizabeth Oglesby, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona, Montoya nos recuerda que “muchas veces no tenemos en cuenta cómo Estados Unidos contribuyó a crear la situación de la que escapan muchas de esas personas”.

En 2014 Centroamérica vivió una oleada migratoria conformada en su mayoría por menores de edad. Se estima que al menos 70 mil niños viajaron hacia Estados Unidos sin acompañamiento alguno.

El Congreso norteamericano respondió con la aprobación de una ayuda de 750 millones de dólares, y el gobierno de Barack Obama creó el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras), sin que hayan contribuido a enfrentar de alguna manera el problema.

En octubre y noviembre del año 2018 —dice Montoya— miles de personas forman las “caravanas de migrantes” que emprenden el viaje hacia los Estados Unidos en grupos, caminando.

“A inicios de 2019 salieron tres nuevas oleadas (la sexta, la séptima y la octava) y, a inicios de 2021, una novena”. Se calcula que 17 mil personas integraron esas caravanas.

En su opinión, la reelección de Juan Orlando Hernández “creó una profunda inestabilidad política y social que influyó, de forma determinante”, en el inicio de las caravanas de migrantes desde territorio nacional hacia los Estados Unidos.

El entonces presidente Donald Trump tomó esto como una afrenta y cortó los fondos destinados al Triángulo del Norte. Según él, los gobiernos de esos países no estaban haciendo nada para evitar ese flujo de personas

Más recientemente, la representante demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, se refirió a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la región y expresó: “…Estados Unidos pasó décadas contribuyendo al cambio de regímenes y a la desestabilización en América Latina. No podemos incendiar la casa de alguien y luego culparlos por huir…”

-- Triunfo electoral --

Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya, ganó las elecciones presidenciales del 28 de noviembre, con cerca de 52% de los votos.

No se conocía aún la conformación definitiva del Congreso de 128 diputados. Según datos preliminares, Libre sería la primera fuerza en el Congreso, con 51 diputados, 21 más que en el período anterior. El Partido Nacional, que tenía 61, bajaría a 40. Sigue el Partido Liberal, con 21 y el Partido Salvador de Honduras, de Salvador Nasralla, primer vicepresidente en la lista de Zelaya, con 14 diputados.

De las municipalidades Libre ganó dos de las más importantes, las de Tegucigalpa y San Pedro Sula, entre otras, aunque el Partido Nacional seguirá controlando casi la mitad de los gobiernos locales.

Castro propone una refundación del país, con la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la reforma de varias leyes aprobadas por el gobierno actual.

(gclopes@racsa.co.cr)