El ex gerente de Alcatel-Costa Rica Edgar Valverde Acosta declaró este jueves ante una comisión legislativa que los grandes ganadores en el juicio ICE-Alcatel fueron la compañía francesa de telecomunicaciones y José Antonio Lobo, en virtud de los acuerdos que lograron con el Ministerio Público.
Valverde, quien descuenta una pena de prisión de 20 años por corrupción agravada, acudió a declarar ante la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público, custodiado por agentes penitenciarios.
A diferencia de quienes le precedieron, su hermana Carmen Valverde (ex secretaria general del Partido Liberación Nacional) y el ex asesor presidencial Roberto Hidalgo, el ex gerente de Alcatel sí estuvo dispuesto a declarar.
Valverde dijo que tanto la empresa Alcatel como Lobo, a quienes calificó de corruptos, "lograron su objetivo de impunidad y ventajas económicas sobre la condenatoria de los demás imputados".
En el caso de Lobo, gracias a la componenda con el Ministerio Público para actuar como testigo clave, "logró salir impune de la larga cadena de delitos que se le descubrió en la investigación y mantener a sus haberes beneficios de millones de dólares".
Valverde aseguró que a él también la Fiscalía le ofreció una negociación similar, que él rechazó, por varias razones.
"Yo no tenía ni tengo la información incriminatoria que deseaban, tampoco  podía dejarme caer en el infame rol de fabricar mentiras, hundiendo a otros para salvarme yo", apuntó.
En cuanto a ALCATEL dijo que le interesaba descargar su responsabilidad en un "chivo expiatorio" para evitar las sanciones que podía hacerse acreedora en Estados Unidos.
"ALCATEL negoció con la Procuraduría y el Ministerio Publico para lograr su objetivo y se le aceptó el pago de diez millones de dólares y la entrega de testimonios y documentos que sirvieran de prueba", manifestó.
Sin embargo, Valverde se negó a responder consultas de los diputados sobre la contratación de su hermana Carmen, quien recibió al igual que Hidalgo y el ex presidente José María Figueres, la suma de 900.000 dólares por una revisión filológica, según argumentó.
El ex gerente de Alcaltel dijo que no podía referirse a esos hechos porque hay pendiente un recurso de apelación de su sentencia.
Para el próximo jueves 16 de febrero está prevista una comparencia del ex presidente Figueres ante la comisión legislativa.