Los cuatro políticos, miembros del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente en ejercicio, Michel Temer, están bajo sospecha de intentar entorpecer las investigaciones sobre la trama de corrupción en Petrobras, en la que según denuncias habrían participado, informaron medios locales.  

El caso está en manos del juez del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, relator de los procesos vinculados a la operación Lava Jato de la Policía Federal, que investiga los fraudes cometidos en la petrolera nacional.

En el caso de Calheiros, Sarney -quien gobernó Brasil entre 1985 y 1990- y Jucá, los pedidos de arresto se basan en grabaciones realizadas por uno de los implicados en la trama ilegal, el ex presidente de la subsidiaria de Petrobras Transpetro Sérgio Machado, quien firmó un acuerdo de colaboración con los investigadores para obtener beneficios en la condena.   

Machado mantuvo conversaciones con sus tres correligionarios en el PMDB, en las que buscó que ellos mismos quedaran en evidencia respecto a maniobras o intentos para dificultar las investigaciones, y luego entregó las grabaciones a la policía.   

Los audios fueron grabados entre febrero y marzo, antes de que avanzara al Senado el pedido de apertura de juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. La Cámara Baja autorizó el 17 de abril al Senado a enjuiciar a la mandataria, y la Cámara Alta lo hizo el 12 de mayo.

Según dijo Machado a la policía, durante su gestión al frente de Transpetro, entre 2003 y 2015, pagó al menos 70 millones de reales (unos 19,5 millones de dólares) a líderes del PMDB. Los fondos, afirmó, fueron desviados de contratos de la empresa estatal. Machado es considerado un "ahijado político" de Calheiros, que fue quien lo recomendó para el cargo al frente de la subsidiaria de Petrobras.

En los audios grabados por él, se escucha a Jucá hablar de que con la caída de Rousseff y el ascenso de Temer al gobierno, se podría alcanzar un "gran pacto" político destinado a "frenar la sangría" que a su entender representa la Lava Jato.

La divulgación de ese diálogo provocó la salida de Jucá del estratégico ministerio de Planificación, tras lo cual reasumió su escaño en el Senado.

En el caso de Calheiros, fue grabado refiéndose a Janot como una persona cobarde, y asegurando que intentó evitar, sin éxito, que fuera nominado nuevamente como titular del Ministerio Público (Fiscalía).   

En el caso de Cunha, quien fue alejado de la presidencia de la Cámara Baja por orden del Supremo, el pedido de arresto, según "Folha", es para evitar que continúe influyendo en el cuerpo.

Cunha ya está procesado en la Suprema Corte por ser uno de los presuntos beneficiarios de los desvíos de fondos en Petrobras, y enfrenta además un pedido de impugnación de su mandato en el Consejo de Ética de la Cámara Baja.

No obstante, diversas maniobras llevadas adelante por sus aliados en el Congreso han permitido que su proceso en la Cámara Baja se venga dilatando desde octubre del año pasado.   

De acuerdo con la prensa, Janot alega que la única manera de evitar que continúe influenciando las decisiones del cuerpo es arrestarlo.