La solicitud se fundamenta en el fuerte impacto que tendría este proyecto, aprobado ya por la comisión legislativa en primer debate, para el sistema de pensiones de la CCSS, así como para las finanzas del Estado.

El proyecto aún debe recibir segundo debate y tendría además que ser sancionado por el Poder Ejectivo, antes de cobrar vigencia.

El defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, recordó a los diputados que una comisión interinstitucional se encuentra en estos momentos a la espera de informes actuariales con el fin de determinar las reformas que permitirían darle sostenibilidad al IVM en el corto, mediano y larzo plazo.

“La Defensoría no puede menos que manifestar su honda preocupación en cuanto a que una iniciativa de ley de esa naturaleza, con un impacto directo en el régimen de IVM, sea aprobado mientras el país se encuentra, precisamente a la espera del análisis técnico y las propuestas que la Mesa de Diálogo realice”, puntualiza el funcionario en su misiva.

“Además, preocupa a la Defensoría que, en este momento, la aprobación de una iniciativa de ley que involucre al Régimen del IVM, arroja una señal confusa para las y los habitantes, quienes están a la espera de los resultados del trabajo que está realizando la Mesa para que el país valore que reformas se requieren”, agrega la nota.

La ley, promovida por un sector del gremio magisterial, fue aprobada esta semana por los diputados de la comisión, pero existe inquietud en la CCSS y en sectores del gobierno por el impacto que esto podría tener.

Existen, sin embargo, estimaciones contradictorias sobre dicho impacto. Mientras el Ministerio de Hacienda habla de erogaciones de 11.000 millones en el primer quinquenio, voceros de las organizaciones magisteriales aseguran que no sobrepasa los 1.000 millones.

El diputado Marco Vinicio Redondo calculó en 52.000 millones lo que dejaría de percibir la CCSS por dejar de recibir el aporte de unos 1.200 educadores, a quienes beneficiaría la disposición.