La magistrada Patricia Solano es presidenta de la Sala III y vicepresidenta de la Corte Suprema.

Tales resoluciones se referían a acusaciones desestimadas contra ex miembros de los supremos poderes, incluidos los exmagistrados Celso Gamboa y Carlos Chinchilla.

La denuncia contra Solano fue interpuesta por el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), que reúne a la mayoría de los jueces del Poder Judicial.

En su petición, con fecha 23 de mayo de 2022, SINDIJUD solicitó a la Corte Suprema que se pronuncie “sobre la necesidad de conservar la publicidad del procedimiento seguido contra los miembros de los Supremos Poderes, por sus implicaciones en el ámbito de la transparencia institucional y conforme a los principios de rendición de cuentas, integridad y ética en la función pública”.

Sin embargo, en una sesión presidida por la propia magistrada Solano, en ausencia del presidente titular Fernando Cruz, la Corte rechazó abrir una investigación sobre la conducta de la magistrada con votación de 11 contra 10. Es claro que la magistrada votó en esa sesión, aunque no existe forma de saber si lo hizo en su favor, porque el voto es secreto.

E casol, sin embargo, no pareciera cerrado pues Fernando Cruz había ya solicitado la intervención del Ministerio Público, que abrió un expediente a Solano, “toda vez que podría tener implicaciones adicionales a lo estrictamente penal, sobre conflicto de interés y afectación de la imagen institucional”.

De acuerdo con el exmagistrado Juan Manuel Arroyo, quien durante un periodo presidió la Sala Tercera (Penal), existe una norma que declara secreto el procedimiento disciplinario en una primera fase.

Eso, en su criterio, hace posible justificar el secretismo con que procedió la Corte Suprema en relación con este caso, pero a su juicio “este es otro privilegio indefendible” de que gozan los magistrados. “Podrá ser legal, pero no es moral”, indicó.

 

La cuestión de fondo

En su alegato ante la Corte Suprema, el SINDIJUD afirma que la magistrada Solano -actual presidenta de la Sala III- no tenía facultades legales para ordenar la eliminación de esos archivos.

Existe un principio de legalidad, según el cual, “todo lo que no le esté expresamente permitido por la ley le está permitido” a todo funcionario público.

“Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no tiene facultad expresamente consagrada en la ley para ordenar -así sea quien preside una de las Salas- que se elimine de la base de datos del sistema Nexus determinadas resoluciones” analizadas por el Centro de Información Jurisprudencial (CEIJ). “Por consiguiente, cualquier orden en ese sentido deviene ilegal”.

Entre otros argumentos, señala también que en la base de datos de Nexus existen más de 300 resoluciones “de la misma naturaleza de aquellas cinco que la Magistrada Solano ordenó eliminar”, por lo que “resulta necesario que dicha servidora aclare la motivación de fondo para procurar eliminar únicamente aquellas, justificando el trato particular en esos casos”.

La orden de Solano afectaba solamente cinco expedientes en que aparecen investigados políticos que en su momento ocupaban cargos públicos como ministros, magistrados o diputados.