Sebastián Fournier ha investigado el tema de las frecuencias y los medios locales durante más de 15 años. Foto tomada de su muro en facebook.

Recientemente ha vuelto a la palestra pública la necesaria discusión nacional para cobrar lo que se debe cobrar a quienes lucran con las frecuencias. Montos como de ¢3.000 colones anuales por una radio o ¢120.000 por una de televisora nos espantan a todos, pero es importante no perder el foco de lo que más importa: ¡necesitamos escuchar a más personas en esos medios!

Las empresas mediáticas se han convertido cada vez más en refugios de pocos. Voces empresariales y grupos de interés se atrincheran tras potentes transmisores, estudios, cámaras y micrófonos para definir el día a día de lo que discutimos y pensamos. Ese poder lo han ejercido por años, y es muy claro notar cómo incluso hoy cuando las redes sociales amplían enormemente las posibilidades de interacción, la radio en parte, pero mayoritariamente la televisión aún define mucho de lo que creemos y hablamos.

No solo coloca puntos en nuestra agenda de discusión, si no define el enfoque y el tratamiento que debemos dar a cada tema. Sin darnos cuenta, reproducimos mucho de ese discurso y, en especial, cuando opinamos sobre temas o lugares de los que sabemos poco o nada.

Es ahí cuando son los medios quienes nos dan casi la única mirada que tenemos para construir criterio u opinión.

--- Cantones con medios propios

En ese proceso, miles de personas han quedado excluidas. En especial, aquellas que viven en lugares lejanos al foco de las cámaras. Por ejemplo, si discutimos los problemas que genera el estado de la concesión de la Ruta 27 en nuestro país y sus aumentos de tarifa, es frecuente ver titulares como “Vacacionistas deberán pagar más para ir a las playas este verano” que observar un titular como “Productores rurales de cantones más pobres deberán pagar más para vender sus productos en la capital.” Esto sucede, porque los medios reproducen la visión de quien los crea y los opera, si todos los medios están ubicados en San José, esa visión siempre será la única que importe.

En Costa Rica, solo 28 de los 84 cantones poseen medios de antena propios, mientras el 92% de las concesiones siguen otorgadas a quienes las operan desde San José. Ese desbalance mediático también hace que la gestión municipal, los gobiernos locales reciban poca cobertura, así las personas pueden controlar en poca medida las decisiones que les afectan directamente. Casos como el de los Alcaldes Diamante solo pueden ocurrir si las personas no se involucran como ciudadanía activa en la gestión de sus municipalidades. Para cambiar esas realidades, debemos también cambiar el esquema de los medios.

--- “Queremos que nos dejen trabajar”

Ese es el clamor de decenas de radios comerciales rurales. La última frecuencia de radio concesionada de manera formal se dio en los años 90. Desde entonces las frecuencias son traspasadas de mano en mano sin control, muchas veces con millonarias transacciones al margen de la ley y en un jugoso mercado negro de frecuencias. Pero si alguien en una zona rural, donde no entra ninguna señal de radio ni de televisión, quiere formalmente obtener una frecuencia, siempre le será rechazada su solicitud.

Si opta por seguir adelante, será perseguido cual criminal desde la SUTEL y con la complacencia de entidades empresariales como CANARA y CANARTEL. Estas camarillas de operadores de frecuencias son muy activos persiguiendo emisoras rurales en todas partes, pero si acaso están dispuestos a cubrir el Gran Área Metropolitana y algunas ciudades pequeñas, dejando a cerca del 30% del territorio nacional sin casi ninguna señal para informarse o entretenerse.

--- ¿Qué hacemos?

La reciente confrontación del gobierno con los grandes medios y el hecho de que finalmente la atención pública se haya volcado a cuestionar los ridículos cánones de radiodifusión, debe llevarnos hoy a discutir, no solo el cómo cobramos de forma justa el uso de las frecuencias, si no a ver cómo hacemos para que todas las voces cuenten.

Teniendo claro que en 2024 se vencen todas las frecuencias de Radio y Televisión, y que las nuevas tecnologías nos permitirán concesionar el doble de emisoras para la misma área geográfica, debemos cambiar la distribución de ese bien público.

Una posibilidad puede ser la de reservar un 50% del espectro para usos comerciales nacionales, y la otra mitad distribuirla de forma equitativa entre medios públicos (10%) y regionales comerciales (10%), públicos locales (10%), religiosos (10%) y comunitarios (10%). Pero sobre la mesa pueden existir muchas opciones.

Si el foco se centra exclusivamente en cobrar más a todos y en monetizar al máximo el espectro, sólo obtendremos más concentración en pocas manos de empresarios inescrupulosos que seguirán utilizando los medios para empujar sus intereses comerciales sin ningún contrapeso con el que podamos contrastar su punto de vista.

¡Es el momento! Sentémonos en la mesa para que a partir de 2024, todas las voces cuenten!