La iniciativa retoma el polémico tema de las huelgas en los servicios públicos y establece con claridad cuáles son aquellos servicios que no pueden suspenderse por razones de interés público, como los de salud, seguridad y puertos.

Ese punto fue el que causó mayor controversia cuando fue aprobado por la Asamblea Legislativa pasada y lo que posiblemente llevó al veto presidencial.

No obstante, la reforma va mucho más allá del tema de las huelgas, pues establece una serie de garantías para la defensa de los derechos de los trabajos que superan ampliamente el actual Código de Trabajo.

De hecho, organizaciones como la Asociación Nacional de Empleados Públicos han definido esta ley como el mayor logro laboral desde la promulgación del Código de Trabajo.

Entre las reformas procesales, una de las más importantes es la oralidad e inmediatez de los procesos y la limitación de los medios de impugnación que hacen lenta y engorrosa la administración de justicia en el campo laboral.

También se contempla la creación de una oficina pública de abogados que darán servicio gratuito a los trabajadores como un servicio del Estado; fortalece el sistema de solución alterna de conflictos, y prevé la reinstalación del trabajador como medida precautoria.

Otro beneficio adicional es la simplificación de los procesos colectivos, el acortamiento de los plazos y la posibilidad de ventilarlos en centros de arbitraje extrajudiciales.

Una deuda pendiente

Para el diputado Gerardo Vargas, la reforma procesal laboral es una deuda que tiene pendiente el país con sus trabajadores “desde hace muchos años”.

El legislador estimó que al proyecto se le podría dar trámite para que a más tardar en diciembre próximo haya sido aprobado en segundo debate.

La diputada Emilia Molina, jefe de fracción del PAC,  manifestó que la reforma viene a modernizar la legislación laboral del país, que aún se mantiene dentro de esquemas de mediados del siglo pasado.

Por su parte, la diputada Sandra Pizk, del Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó que no se hubiera invitado a su agrupación a participar del proceso de elaboración del proyecto, ya que hubieran podido aportar al mismo.

Pizk recordó que, a pesar de que Chinchilla vetó la ley, el PLN respaldó su elaboración y aprobación en el periodo pasado.