Los costarricenses vimos cómo varios gobiernos iniciaron, y terminaron, eludiendo la responsabilidad de entrarle al tema fiscal, de lo más impopular si se quiere, pero vital para que Costa Rica continúe siendo una sociedad que funda la acción pública y privada en valores de solidaridad y búsqueda de la equidad social.
El presidente Luis Guillermo Solís, celebró con sobriedad la aprobación por el Plenario Legislativo, en primer debate, del Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal (Expediente N° 19245), con el voto de 42 de los 57 diputados, que él mismo ha señalado como “medular en agenda de fortalecimiento hacendario de su Gobierno”.
El ministro de Hacienda y Vicepresidente de la República, Helio Fallas, ha insistido en que esta ley va a actualizar una legislación superada por la realidad nacional e internacional, un entorno que se transformó radicalmente en las últimas décadas y que exige a Costa Rica controles más efectivos a la evasión y la defraudación fiscal relacionados, principalmente, con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
En este sentido, el ministro Fallas destacó que el nuevo marco jurídico y los controles que busca establecer esta ley, son importantes frente a la comunidad internacional “porque como país damos señales de ser una nación que en materia de transparencia fiscal se pone a la vanguardia”.
Contrario con lo que venía ocurriendo, a tal punto, que Costa Rica formaba parte de la lista de naciones que no colaboraban en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la que nuestro país logró salirse hace apenas unas semanas atrás.
En el ámbito nacional, el punto de discordia, que provocó que algunos diputados se rasgaran las vestiduras mientras consumían largas horas de discursos vacíos y prolongaban la hora de los acuerdos políticos, fue la creación del Registro de Beneficiarios Finales de las sociedades jurídicas (anónimas). Uno de los puntos medulares del proyecto según el ministro Fallas.
Este registro –que ve la luz protegido por medidas de seguridad excepcionales– permitiría al Ministerio de Hacienda y al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) el acceso a los beneficiarios finales de todas las estructuras jurídicas (sociedades) registradas en nuestro país. De modo que las autoridades pueden realizar estudios que permitan identificar pretensiones de defraudación al fisco o el lavado de dinero, entre otros.
Para el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, uno de los negociadores del Ejecutivo en el Congreso, “este registro coloca a Costa Rica a la vanguardia internacional en materia de transparencia cumpliendo con los más altos estándares internacionales fijados por el Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
A lo interno, el proyecto provee a la Administración Tributaria herramientas para recuperar impuestos no pagados por medio del mecanismo de cobro judicial y establece sanciones tanto para los evasores como para los asesores tributarios que realicen maniobras para evadir o reducir el monto a pagar por los contribuyentes, así como el acceso a otra información de interés tributario para efectos de control y fiscalización.
En cuanto a los consumidores, el proyecto obligaría a las personas físicas o jurídicas a aceptar como medio de pago las tarjetas de crédito o débito, además del efectivo. Y estimula el uso de medios de pago electrónicos con la devolución de hasta un 1% del impuesto de ventas.
Los controles más efectivos, también obligarán a los contribuyentes a estar al día con los tributos para poder contratar o gestionar permisos, concesiones o solicitar certificados de autorización ante cualquier institución pública.
Los negociadores del gobierno, hicieron un reconocimiento a la labor de los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, “el voto de hoy es fruto del trabajo realizado alrededor de este proyecto en los últimos meses por los señores y señoras diputados”, dijo Fernando Rodríguez, Viceministro de Hacienda.
El proyecto pasa a la consulta reglamentaria ante la Sala Constitucional que tiene un mes para pronunciarse, luego vuelve al Congreso para su votación en segundo debate.
La Fracción del PAC celebró la aprobación del proyecto de lucha contra el fraude fiscal, luego de dos años de tránsito en la corriente legislativa. Laura Garro, jefa de Fracción, destacó que es uno de los mayores logros de la actual legislatura y el resultado del proceso de negociación que permitió llegar al consenso sobre el proyecto.
El diputado Víctor Morales Zapata, quien tuvo un papel destacado en el logro de los acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias, dijo que “es válido celebrar la aprobación en primer debate, pues ha sido una tarea ardua la de consensuar visiones y posiciones de tantas agrupaciones políticas”. Agregó que el proceso de estos meses, que “hoy rinde sus frutos” es el inicio de una nueva dinámica parlamentaria “estoy seguro de que vamos a lograr acuerdos igual de relevantes para el futuro del país” en lo que queda a la actual legislatura (2014-2018).
La fracción del Partido Liberación Nacional ratifocó “su vocación por hacer fuerte a la Administración Tributaria”. “Terminamos una etapa amplia de discusión y debate, para alcanzar un texto acotado, balanceado, prudente y vigoroso para luchar contra el fraude fiscal y las actividades criminales de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, que tanto daño hace a las actividades responsables y lícitas de la economía” dijo la diputada Paulina Ramírez, y agregó que “el texto aprobado en primer debate establece que el registro de accionistas para beneficiarios finales se mantenga custodiado en el Banco Central de Costa Rica, con mecanismos tecnológicos y certificaciones que garanticen el resguardo y seguridad de la información personal de esos beneficiarios finales, y permitiendo al Ministerio de Hacienda y al ICD, según su ámbito de competencias, tener acceso para la ejecución de sus funciones de control y fiscalización. Buscamos siempre un balance adecuado entre las necesidades de información de ambas entidades y los derechos de los contribuyentes.”
Fracción del Frente Amplio elogió este primer paso. Mediante un comunicado, la fracción del FA destacó que la lucha ha sido “intensa y no ha acabado, hemos logrado un importante primer paso, pero no nos dejemos engañar, las principales causas de que el déficit siga creciendo son la evasión y elusión de impuestos y las bajas cargas tributarias a los grandes capitales. Debemos hacer realidad el llamado del ex presidente Alfredo González Flores, hace más de 100 años, para exigir que el rico pague como rico” y adelantan que seguirán “la lucha por una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria”.
