Luchar contra la pobreza y la desigualdad, fortalecer la educación, la salud y proteger el medio ambiente, entre otros, son los objetivos del plan a que se comprometieron los jerarcas de los tres poderes del Estado en un acto celebrado en San José.

El documento fue suscrito por la presidenta costarricense en ejercicio, Ana Helena Chacón; el presidente del Congreso, Antonio Alvarez; y la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva.

A los jerarcas del Estado se unieron representantes de la sociedad civil, incluidos el sector privado, organizaciones no gubernamentales, iglesias y gobiernos locales.

"Uno de los desafíos esenciales que tienen hoy los Estados en el mundo globalizado, es el de abrazar decisiones políticas que brinden verdaderas oportunidades y capacidades a las personas, para que puedan tener una mejor calidad de vida y llevar a cabo sus proyectos personales", manifestó la vicepresidenta Ana Helena Chacón.

Por su parte, el presidente del Congreso, Antonio Alvarez, reconoció que en los últimos años Costa Rica se ha estancado "en el norte que traía" y que permitió al país la reducción de la pobreza, altos índices educativos y acceso al agua potable para casi el 100% de la población, entre otros logros.

Ahora "la riqueza se ha concentrado, la inequidad aumenta y no hemos podido bajar la pobreza de un 20% en las últimas dos décadas", lamentó.

El pacto suscrito establece las bases para la elaboración de políticas, estrategias y planes concretos tendientes al cumplimiento de los 17 objetivos para el desarrollo.

Como parte de las acciones, las instituciones lanzarán una campaña de comunicación con la consigna "No dejar a nadie atrás", que busca informar a la ciudadanía sobre los ODS y subrayar que su cumplimiento es una responsabilidad compartida entre Estado y ciudadanía.

En Costa Rica, un 21,7% de la población vive en pobreza y el hambre afecta al 4,9%, según cifras oficiales.

La discriminación afecta a las mujeres trabajadoras que reciben salarios hasta 27% inferiores a los de los hombres; así como a las minorías étnicas como afrodescendientes e indígenas, que tienen menos acceso a la educación y a servicios públicos de calidad que el resto de la población.