La obra, que fue aprobada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y que estará a cargo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), tiene el propósito de mejorar la infraestructura y, en consecuencia, la capacidad del país para proteger los recursos de la isla, controlar la pesca ilegal, el narcotráfico y el tráfico de personas.

Otra de las consecuencias importantes del proyecto es la sustitución de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo cual contribuirá a la protección de la misma isla.

El proyecto hidroeléctrico fue declarado de interés público mediante un decreto ejecutivo emitido en agosto del 2013 y cuenta con la viabilidad ambiental aprobada, según informes oficiales.

En el proyecto intervienen ,además del Minae y la CNFL,  el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) y la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO).

Paralelo al proyecto hidroeléctrico, el gobierno espera construir un centro de vigilancia e instalar un radar para mejorar la capacidad de acción de las autoridades.