El ODHAIN reveló detalles del Informe de la 9ª Misión de Observadores, realizada el 10 de noviembre pasado, cuatro días después de que en un operativo conjunto de fiscales, agentes judiciales y de la Fuerza Pública, en que participó casi un centenar de policías, fueron detenidos los líderes del Territorio Bribri de Salitre, generando una situación de shock colectivo y de total desprotección, según señala el organismo humanitario.

Según la ODAHIN el Estado costarricense persiste en errores y omisiones graves al atender los asuntos indígenas lo que propicia que se profundice un clima de racismo y violaciones de los derechos humanos de los pueblos originarios costarricenses y de los derechos especiales de los Pueblos Aborígenes a la seguridad, identidad, protección, respeto de su cosmovisión y propiedad de sus Territorios.

Por lo que exhortan a las autoridades a que se inicie una investigación de inmediato y se establezcan responsabilidades por parte del Poder Judicial y de la Presidencia de la República “contra la Fiscalía de Asuntos Indígenas y contra los Fiscales y Juezas, policías judiciales y de la Fuerza Pública y sus responsables, que realizaron el operativo de allanamiento y detenciones, el pasado 6 de noviembre del 2014, en el Territorio Bribri de Salitre.

Los presuntos cargos que menciona son “las violaciones a Derechos Humanos cometidas en esa diligencia, en especial contra menores, mujeres, personas de tercera edad y discapacitadas; todo con base en las leyes costarricenses, el Convenio 169 de la OIT y las Reglas de Brasilia, atinentes a los Protocolos de Intervención por parte del Poder Judicial y el Estado, en Causas Indígenas”.

Solicitan además que el Fiscal General, Jorge Chavarría, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva y al presidente Luis Guillermo Solís, rindan un Informe al país sobre la actuación de los funcionarios judiciales y administrativos “aclarando sobre las violaciones de Derechos Humanos, como abusos de autoridad, agresiones y extralimitación de funciones entre otros; así como las medidas correctivas, si existieran dichas faltas de lesa humanidad”.

Al Gobierno le intiman a asumir la responsabilidad “de actuar preventivamente a la violencia, dentro del marco de las Leyes y Convenios Internacionales, en materia indígena, honrando con los Acuerdos de Julio del 2014, a través de su Viceministra de la Presidencia (Ana Gabriel Zúñiga), por lo que debe “reponer” de inmediato a las familias indígenas que fueron desalojadas violenta e ilegalmente por no indígenas en Salitre; con el fin de abrir y fortalecer la confianza en los espacios de Diálogo y posible negociación, en este Conflicto”.

ODHAIN reiteró al Gobierno, en la figura del Presidente Solís, su responsabilidad en la integridad física y la vida de cada persona y de las colectividades que habitan en Costa Rica “por lo que de continuar, aumentar u ocurrir hechos más graves de violencia en los Territorios Indígenas en especial el que nos ocupa en este Informe, Salitre, será responsabilidad de las autoridades, de los hechos que sucedan, si no actúan preventiva y oportunamente”.

El informe también señala la responsabilidad de los medios de comunicación social de informar y mostrar la realidad y deplora las “campañas” difamatoria contra personas y colectividades de algunos Medios “que exacerban y alimentan los actos delictivos del racismo, la discriminación, el odio xenofóbico y la agresión contra el diferente”.

ODHAIN llama a estar alerta para evitar nuevos hechos de violencia, a la sociedad civil, Movimientos y Redes Sociales, Iglesias, Pastorales, Asociaciones y Federaciones Estudiantiles Universitarias, sindicatos, Universidades, Ecologistas, Humanistas, de Derechos Humanos, Paz y NO - Violencia; nacionales e internacionales, en respaldo al respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

La 9ª Misión ODHAIN estuvo encabezada por Vicky Acuña Montero y Alejando García Valerio y el Informe fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General de la República, al presidente Luis Guillermo Solís, la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, la Comisión de DDHH de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, varias Iglesias y Religiones en Costa Rica.

También recibieron el Informe el director de la Oficina de la OIT en Costa Rica y de la Oficina de Presentantes ONU – Costa Rica, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión para la Erradicación del Racismo y toda Forma de Discriminación – CERD-, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia- América, Phil McManus del Movimiento Internacional por la Reconciliación – (IFOR) – FOR USA y Marina Pagés, de Francia, directora del Servicio Internacional para la Paz – SIPAZ y su delegación de México.

Entrevista a ODAHIN

En entrevista con Marcela Zamora, miembro del ODAHIN, con Informa-Tico, dio detalles del

ambiente que se percibe al llegar a la ciudad de Buenos Aires de Puntarenas, en momentos en que han ocurrido agresiones contra la poblaciones indígenas de la zona sur de nuestro país.

- Tardamos varias horas en llegar al Territorio de Salitre, donde nos esperaban las víctimas de la violencia policial, sus familiares y vecinos, porque pasamos a los Tribunales de Pérez Zeledón y a la cárcel donde se encuentra detenido Sergio Rojas. Ahí nos permitieron verlo, hubo un breve intercambio de palabras con él y un recorrido rápido por las instalaciones donde lo tienen detenido. Fue todo lo que nos permitieron.

- Al llegar a Salitre nos encontramos a la población impactada por un shock emocional. Fue muy traumático para ellos el despliegue de las fuerzas policiales porque cuentan que entraron por montones, armados, en actitud intimidante y rodearon las casas de las que no permitieron que nadie saliera, ni siquiera los niños o los adultos mayores, todos quedaron inmovilizados durante varias horas, mientras la policía y los fiscales hacían sus diligencias, sin probar ni agua”.

- Los indígenas estaban en shock porque no están habituados a estos despliegues como si se tratara de delincuentes peligrosos, cuando se trata de un pueblo de gente humilde, de agricultores, pacíficos y desarmados, decían que el susto que pasaron fue tan horrible como las agresiones de los no indígenas.

- La misión de observadores de ODAHIN también quedó muy impactada por la agresividad y el racismo que se siente en Buenos Aires. Nosotros mismos, los observadores que vamos identificados con chalecos de ODAHIN, también somos víctimas de agresión racista cuando llegamos a esa ciudad. Y si tenemos que viajar en bus o caminar por las calles, el racismo y la agresividad son impresionantes.

- Nos achacan que es por nosotros, los de San José y los de organismos de derechos humanos y pro indígenas, que el orden que había “está siendo alterado”. Cuando pasamos dicen en vos alta “aquí todo estaba en orden hasta que llegaron ustedes a meterle ideas raras en la cabeza a los indios”.

- La mediadora del Gobierno, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ha aceptado que hubo errores en la forma en que este gobierno encaró el problema pero lo inesperado es que en lugar de rectificar, se paraliza. Aquí no hay tiempo para paralizar los procesos, tienen que apurarse, tienen que parar la violencia, tienen que tomar medidas preventivas y correctivas con una población que está equivocada respecto de los derechos humanos de las personas, de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos ancestrales declarados y protegidos por leyes nacionales e internacionales de las que Costa Rica es parte.

- A los fines de año les tenemos mucho miedo porque a los invasores de los Territorios indígenas se les ha hecho costumbre aprovechar que todo el mundo está en otra cosa para atacar los Territorios en la zona sur del país. Por lo que organizaciones humanitarias y sociales estamos en alerta y lanzamos una alerta al gobierno para que se tome en serio el problema de las agresiones a los indígenas. No queremos que ocurra una tragedia, el gobierno tiene responsabilidades de varios tipos y apelamos a que actúe para proteger a las personas más vulnerables: los indígenas costarricenses.