“Llamamos al Presidente Luis Guillermo Solís para que no recurra en Casación la sentencia, y finalmente el Estado cumpla con su obligación y no alargue más el pago de esta deuda con la Caja. Durante mucho tiempo, los gobiernos han dicho que no podían pagar porque había una duda legal sobre la obligatoriedad del pago”, señalaron los abogados José María Villalta, ex candidato presidencial y Edgardo Araya, diputado, ambos del FA.

“Esa duda ya fue resuelta por un árbitro imparcial, un Tribunal de la República declaró con total claridad que la deuda sí existe y tiene que pagarse. El gobierno ya no tiene más excusas para no pagar”, afirmó Villalta.

La deuda se generó en 1993 cuando el Estado le trasladó obligaciones nuevas a la CSSS para la atención primaria de salud que estaba a cargo del Ministerio de Salud Públida. La ley estableció que con el traslado de funciones y obligaciones, se debían transferir también recursos para que la Caja pudiera asumir estas tareas, sin embargo, “sólo se pagó los cuatro primeros años” redordaron Araya y Villalta.

El Tribunal que atendió la causa ordenó al Estado en una sentencia del viernes anterior, pagar los daños y perjuicios causados por la acumulación de la deuda. “Recursos que se pudieron utilizar para construir y equipar EBAIS, para ampliar las clínicas, para reducir las listas de espera, no llegaron a la seguridad social y eso contribuyó al deterioro de los servicios de salud”, recalcó Villalta.

A partir de esta sentencia, le corresponde a la CCSS iniciar las acciones de cobro, que no pueden ser asumidas por particulares.

El Frente Amplio se compromete a fiscalizar que este cobro se realice y confía en que el Ministerio de Hacienda honrará sus obligaciones. “La deuda acumulada es alta, por lo que esperamos que no se demoren más”, dijo Villalta.