Foto: Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) fue absuelto del delito de "instigación pública en perjuicio de la tranquilidad pública” del que se le acusaba.

Vargas Barrantes, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) calificó de “juicio político” y de “criminalización de la protesta social” el juicio en su contra que plantearon el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Movimiento Ciudadano CR.

En declaraciones a la prensa, tal como lo consigna el Semanario Universidad (SU), Vargas afirmó que “estamos en el banquillo de los acusados porque así lo decidió Carlos Alvarado, que metió a la Procuraduría General de la República en esto, el propio Ministerio Público y este grupo de personas, lideradas por Gloria Navas y un abogado caracterizado por posiciones antisindicales e ideólogo del (proyecto de) empleo público que se llama Rubén Hernández, por cierto muy amigo de los hermanos Arias Sánchez” dijo Vargas.

El fallo del Tribunal explica que la instigación pública, en términos jurídicos, es una propuesta concreta de una acción delictiva, no un llamado abstracto a la movilización social, como fue el caso de Vargas.

La jueza Lorena Vargas Jiménez explicó que quienes le acusaban no lograron demostrar todos los requisitos que el tipo penal requiere. Primero, no se demostró que la tranquilidad pública estuviera amenazada por las declaraciones de Vargas, tampoco se demostró que las mismas se hicieran en un espacio público ni que se planificara su divulgación.

El artículo del SU agrega esta cronología del juicio contra el dirigente sindical:

“En mayo pasado una jueza penal de apellidos Quesada Louis ordenó la apertura de un juicio contra Vargas. Esta es la más reciente etapa de una denuncia perseguida desde el 2019 por la abogada Gloria Navas, en representación del grupo Movimiento Ciudadano CR. Navas acusó a Vargas, en el 2019, “por el delito de INSTIGACIÓN PÚBLICA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA”.

El artículo 280 del Código Penal tipifica la instigación pública así, “Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”.

La denuncia de Navas parte de declaraciones que emitió Albino Vargas durante una reunión del Encuentro Social Multisectorial, en el 2019. Allí Vargas habló de un “paro nacional”, en el marco de tensas negociaciones con el Gobierno por temas fiscales, de educación y otros.

Albino Vargas, dijo al salir del Tribunal que «ha ocurrido una victoria popular, ciudadana, patriótica, una victoria a favor de la lucha social, de la lucha democrática, del ejercicio de eso que venimos llamando hace tiempo la democracia de la calle», dijo Vargas a su salida del tribunal.

«Cuando la democracia de la calla se ejerce de manera pacífica, cívica, respetando el libre transitar pero que fluya el pueblo en las calles, nosotros vamos a lograr mucho en este país por mayor justicia social, inclusión social, mayor igualdad entre los costarricenses del pueblo trabajador y ciudadano», agregó.

«Era un juicio político, eminentemente político y la derrota de los que nos acusaron es tal, que ni siquiera vinieron a dar la cara. ¿Dónde están ahora mis acusadores?, concluyó Vargas. (https://semanariouniversidad.com/pais/jueza-absuelve-a-albino-vargas-est...).